El doctor Arturo Calle hace un diagnóstico correcto de su sufrimiento, pero comete un error fatal en la identificación de su verdugo. Afirma con frustración que soporta una carga tributaria de más del 70 %. Esa es, sin duda, una expoliación legal. Sin embargo, en lugar de exigir al Estado que desmantele el aparato fiscal y regulatorio que lo asfixia, le exige que utilice la coacción para encarecer los productos de sus competidores. En lugar de pedir libertad para sí mismo (reducción de impuestos, flexibilización laboral), exige cadenas para el consumidor y el competidor externo. El objetivo no es "proteger la economía", sino capturar un mercado cautivo obligando al ciudadano a financiar su sobrecosto productivo. Imponer un IVA y aranceles a esos paquetes de menos de USD 200 no es otra cosa que un impuesto regresivo encubierto. Es obligar a los ciudadanos con menor poder adquisitivo a subsidiar la nómina de una empresa grande. Proteger empleos ineficientes a través del monopolio coactivo destruye más riqueza de la que salva, porque empobrece al consumidor general. El discurso señala que las empresas asiáticas "no aportan a las necesidades de desarrollo de Colombia". Este es un sofisma pre-clásico que confunde el dinero con la riqueza. El desarrollo de un país no se mide por la cantidad de empleos de manufactura que logra retener artificialmente, sino por la capacidad de consumo y bienestar de sus ciudadanos. El comercio es mutuamente beneficioso, por definición. El aporte de las plataformas extranjeras a Colombia es directo y tangible: proveen bienes altamente valorados a precios asequibles, incrementando el salario real de los colombianos. La obsesión por la balanza comercial y el proteccionismo asume que la economía es un juego de suma cero. No lo es.