Europa rechazó la propuesta de Jared Kushner y Steve Witkof de colocar parte o el total de los 300.000 millones de dólars de los activos embargados a Rusia en una cuenta manejada exclusivamente por la Casa Blanca denominado "Special Purpose Vehicle". La propuesta de la administración Trump contempla dividir el destino de los activos. Una parte se destinaría a la reconstrucción de Ucrania y otra se integraría en un vehículo financiero compartido entre Washington y Moscú para invertir en proyectos conjuntos entre empresas rusas y estadounidenses. El proyecto sería supervisado por el Tesoro de los EEUU, pero administrado por un órgano especial creado y designado por Trump, al estilo del mecanismo de la Junta de Paz para Gaza. Los europeos respondieron con un rechazo que combina furia con asombro por lo excéntrico y evidente de la intención. En este caso, Trump no tiene mucho para presionar. La Unión Europea retiene alrededor del 70% al 80% del total de los fondos. Esto equivale a unos 210.000 millones de euros. EEUU controla apenas entre el 1% y el 2% del total, lo que representa unos 5.000 millones de dólares. El resto se encuentra distribuido en proporciones menores en bancos de Japón, el Reino Unido, Suiza y Canadá

No es la primera vez que Musk acude en ayuda de Putin u obedece las órdenes de Trump contra Ucrania en un momento critico y eso puede tener consecuencias comerciales profundas. La decisión de Elon Musk de darle uso político a Starlink y condicionar el servicio para presionar al gobierno de Ucrania sitúa a SpaceX en el mismo terreno de vulnerabilidad geopolítica que costó el veto global a la tecnológica china Huawei. Al demostrar que la infraestructura tecnológica crítica puede ser utilizada de forma intermitente como una palanca de coacción política o militar en momentos de máxima tensión, SpaceX cruza la línea entre un proveedor comercial independiente y un actor impredecible. Este comportamiento valida los peores temores de las naciones occidentales sobre la dependencia de proveedores tecnológicos de EEUU y, de la misma manera que ocurrió con los equipos de telecomunicaciones de Huawei, acelera la urgencia de los gobiernos por desarrollar redes soberanas alternativas ante el riesgo de que sus comunicaciones estratégicas queden sujetas a los intereses o arbitrios de un solo mando externo. Al forzar la cancelación y el fracaso de múltiples misiones de drones en Ucrania, esta coacción no solo devalúa el atractivo comercial de Starlink ante clientes de defensa globales, sino que arriesga contratos gubernamentales millonarios, como los que sostiene con el Pentágono, y destruye la confianza de socios europeos como Polonia, que financia unos 50 millones de dólares anuales en terminales para Ucrania. Al subordinar una infraestructura crítica a intereses políticos o presiones externas, la compañía espanta a futuros compradores de Defensa que ahora podrían ver un riesgo financiero inaceptable en depender de un monopolio privado. El mercado global de comunicaciones y satélites militares, el sector específico en el que compiten Starlink y su división gubernamental Starshield, se estima en $22.030 millones de dólares en 2026, si se miden estrictamente los servicios de comunicaciones tácticas cifradas. No es la primera vez que Musk limita el uso de su red a los ucranianos. En septiembre de 2002 Ucrania solicitó de emergencia activar la cobertura de Starlink en la región de Sebastopol, en la zona ocupada de Crimea, para guiar drones marítimos contra la flota rusa del Mar Negro. Musk rechazó la solicitud argumentando que la zona no estaba habilitada y que activarla convertiría a SpaceX en cómplice de un acto de guerra. El 30 de septiembre de ese mismo año, Musk apagó Starlink durante una contraofensiva ucraniana en las regiones de Jerson y Donetsk. SpaceX desconectó abruptamente la señal en las zonas de combate que Ucrania estaba recuperando. El corte duró varias horas (e incluso días en algunos puntos), dejando a los drones ucranianos a ciegas y deteniendo temporalmente las operaciones de cerco militar. Al mes siguiente, Musk amenazó públicamente con dejar de prestar el servicio en Ucrania, declarando que SpaceX "no podía financiar el sistema actual indefinidamente". Esto provocó interrupciones logísticas intermitentes hasta que, días después, revirtió la decisión antes de que el Pentágono asumiera formalmente los contratos y Polonia parte del costo de su operación. En febrero de 2023 la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, confirmó que la empresa había tomado medidas técnicas proactivas para limitar la capacidad de Ucrania de usar Starlink en drones de ataque, argumentando que el servicio fue provisto para fines humanitarios y comunicaciones de defensa. Esa restricción es la que se acaba de endurecer. Airbus está liderando la respuesta europea a la crisis de Starlink. Aprovechando la inyección de 5.300 millones de euros destinados por el programa espacial militar europeo, Airbus está diseñando y construyendo plataformas de órbita baja destinadas a redes satelitales nacionales y soberanas.