Sebastian Perez

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto AP5290-2026, radicación 73740, 12 de agosto de 2026. M.P. Gerardo Barbosa Castillo. La defensa solicitó una audiencia de control previo para realizar una búsqueda selectiva en bases de datos ante un juez de garantías de Bogotá, aunque los hechos habían ocurrido en Agua de Dios y el proceso ya estaba radicado para juzgamiento en Girardot. La Fiscalía cuestionó la competencia porque, una vez presentada la acusación, consideró que cualquier actuación de control de garantías debía adelantarse en el lugar donde quedó radicado el juicio. La defensa respondió que el procesado estaba privado de la libertad en Bogotá y que esa circunstancia justificaba acudir a un juez de esa ciudad. ¿Después de radicada la acusación, el juez de control de garantías siempre debe ser el del lugar donde quedó radicado el juzgamiento? La Corte explicó que esa es la regla preferente, porque una vez definida la sede del juicio resulta razonable que las actuaciones relacionadas con el proceso se concentren allí. Sin embargo, no se trata de una competencia territorial rígida. El artículo 39 del CPP permite que la función de control de garantías sea ejercida por cualquier juez penal municipal, aunque esa posibilidad debe utilizarse de forma razonable y no puede depender simplemente de la conveniencia de quien formula la solicitud. La jurisprudencia ha admitido que existen situaciones en las que acudir a un juez distinto resulta plenamente justificado, por ejemplo cuando el procesado está privado de la libertad en otra ciudad o cuando los elementos materiales probatorios que se buscan se encuentran en un territorio diferente. En esos eventos debe existir una conexión real entre el lugar escogido y la necesidad concreta de la audiencia. En este caso el procesado estaba recluido en la Estación de Policía de Los Mártires en Bogotá y además había comparecido a la audiencia sin renunciar a su derecho a estar presente, circunstancia que para la Corte tenía relevancia en la protección efectiva de sus garantías. Por esa razón consideró razonable que la audiencia se mantuviera en Bogotá, aun cuando el juicio ya estuviera radicado en Girardot. La Sala terminó definiendo la competencia a favor del Juzgado 4 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. La regla que deja esta decisión es que la radicación del juicio fija una sede preferente para las actuaciones posteriores de control de garantías, aunque no convierte esa competencia en absoluta. Puede acudirse a un juez de otro territorio cuando exista una razón concreta que lo justifique y esa elección tenga relación con la protección de las garantías del procesado o con las necesidades reales de la actuación. drive.google.com/file/d/1AuI…

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP929-2026, radicación 66156, 12 de agosto de 2026. M.P. Myriam Ávila Roldán. Un hombre fue condenado en segunda instancia por actos sexuales con menor de 14 años agravado. La víctima tenía tres años al momento de los hechos y lo señaló como la persona que la tocaba en sus genitales, pecho y otras zonas, aprovechando su condición de director administrativo del jardín infantil al que asistía. En primera instancia había sido absuelto por dudas sobre la consistencia del relato, pero el Tribunal revocó esa decisión y lo condenó a 144 meses de prisión. ¿Las declaraciones previas de una menor víctima de violencia sexual pueden valorarse como prueba de referencia aunque ella comparezca al juicio oral? La Corte respondió que sí, siempre que se cumplan las reglas de incorporación. La Ley 1652 de 2013 permitió que las declaraciones anteriores de menores víctimas de delitos sexuales sean tratadas como prueba de referencia admisible. Su utilización no depende de que el menor esté ausente del juicio. Puede declarar en audiencia y, aun así, sus manifestaciones previas pueden ser valoradas. Eso no significa que cualquier entrevista ingrese automáticamente al proceso. La parte interesada debe haberla descubierto oportunamente, solicitar su decreto y garantizar durante el juicio su publicidad, inmediación, confrontación y contradicción. Su contenido debe ser leído o reproducido y la defensa debe tener oportunidad real de controvertirlo. La Corte añadió una precisión práctica importante. La declaración previa no tiene que estar contenida exclusivamente en una entrevista forense formal. Puede llegar al proceso a través de quienes escucharon al menor, de anamnesis en valoraciones médicas, sexológicas o psicológicas, documentos declarativos u otros medios, siempre que se satisfagan las exigencias probatorias. En este caso, la Fiscalía había descubierto oportunamente la entrevista forense y las manifestaciones rendidas ante profesionales de salud y psicología, solicitó su incorporación y durante el juicio se leyeron y reprodujeron esos contenidos. La defensa conocía su naturaleza, no objetó su práctica y pudo controvertirlos. Por eso, la Corte concluyó que debían ser valorados como prueba de referencia admisible. La sentencia también desarrolla el enfoque etario en valoración probatoria. El relato de un niño no puede examinarse con los mismos parámetros lingüísticos, espaciales o temporales exigibles a un adulto. Dificultades para ubicar fechas, describir lugares, emplear términos anatómicos precisos o incorporar progresivamente detalles no destruyen por sí solas la credibilidad. El juez debe identificar si, pese a esas variaciones, permanece estable el núcleo esencial del relato. Aunque la niña presentó variaciones sobre el número de episodios, el piso donde ocurrieron y algunos detalles de los actos, mantuvo de forma constante tres elementos: identificó al mismo agresor, describió actos de contenido sexual y situó los hechos en una zona superior del jardín a la que accedía por escaleras. Para la Corte, esas variaciones eran compatibles con su edad y evolución lingüística, no con una ruptura del núcleo incriminatorio. La Sala confirmó la condena. Consideró acreditado más allá de toda duda razonable al menos un episodio de actos sexuales con menor de 14 años y descartó que las inconsistencias periféricas o los conflictos de la abuela con el jardín permitieran sostener una hipótesis de aleccionamiento o fabricación del relato. La providencia deja dos reglas especialmente útiles para el litigio colegas. Primero, que la comparecencia del menor al juicio no excluye automáticamente la valoración de sus declaraciones anteriores como prueba de referencia. Segundo, que las contradicciones deben examinarse con enfoque etario y diferenciando el núcleo esencial del relato de sus aspectos periféricos. docs.google.com/document/d/1…

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Penal, auto de segunda instancia AC-114-26, rad. 76736-60-00-186-2023-00358-02, del 26 de febrero de 2026, M.P. Carlos Andrés Guzmán Díaz. El asunto surgió por la apelación interpuesta contra la decisión que negó una nulidad promovida por la defensa dentro del proceso seguido contra Jairo Gracia Ayala por feminicidio agravado. La Sala debía establecer si procedía anular la actuación a partir de la radicación del escrito de acusación, porque la defensa alegó diferencias entre la imputación y la acusación sobre algunos hechos, en particular los términos anoxia e hipoxia y la referencia al barrio donde ocurrieron los hechos, con la tesis de que esas variaciones afectaban el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de congruencia. Lo más importante de la decisión está en una precisión procesal que vale mucho. El Tribunal distingue entre los actos de parte y las actuaciones judiciales. Desde esa base, explica que el escrito de acusación, por sí solo, no es el acto que ordinariamente puede ser anulado, porque todavía no ha producido el efecto procesal que sí aparece cuando la acusación se formula oralmente y el juez declara legalmente realizada esa actuación. Por eso, una nulidad pedida “desde la radicación del escrito” estaba mal enfocada. La discusión debía darse dentro de la audiencia de formulación de acusación, luego de las observaciones al escrito y después de que la Fiscalía tuviera oportunidad real de aclarar, adicionar o corregir. La Sala incluso advierte que en este caso hubo una irregularidad metodológica del juzgado, porque no dio de inmediato traslado a la Fiscalía para responder las observaciones de la defensa y solo permitió ese pronunciamiento cuando ya se estaba tramitando la nulidad. Aun así, el Tribunal decidió entrar de una vez al fondo para evitar una prolongación innecesaria del debate y por razones de eficacia judicial. En el estudio material del reclamo, la Sala concluye que las diferencias señaladas por la defensa no alteraban el núcleo fáctico de la acusación. Sobre el lugar, sostuvo que el barrio concreto donde ocurrieron los hechos, en este caso, no era un hecho jurídicamente relevante en sentido estricto, más cuando la dirección exacta siempre se mantuvo y la ubicación solo tendría especial trascendencia cuando la propia norma penal hiciera depender de ello la tipicidad, la agravación o algún otro efecto sustancial. En cuanto a la diferencia entre anoxia e hipoxia, el Tribunal consideró que tampoco se trataba de una variación sustancial del núcleo de imputación, porque lo relevante para la tesis acusatoria seguía siendo lo mismo, que el procesado habría asfixiado mecánicamente a la víctima y le causó la muerte. La discusión sobre si hubo ausencia total o deficiencia de oxígeno podrá ser objeto de controversia probatoria en juicio, pero no justifica por sí sola una nulidad. La providencia también rechaza el cuestionamiento relacionado con el descubrimiento probatorio, porque la acusación ni siquiera había sido formalizada y ese debate tiene cauces propios más adelante, especialmente al inicio de la audiencia preparatoria o por la vía de solicitudes específicas de descubrimiento. Por eso, en ese punto tampoco se cumplía el presupuesto de residualidad, que es indispensable cuando se pretende invalidar una actuación. El Tribunal confirmó la decisión del Juzgado Penal del Circuito de Sevilla que había negado la nulidad. Lo hizo porque la defensa no demostró una irregularidad sustancial y trascendente, porque las supuestas diferencias entre imputación y acusación no modificaban el núcleo fáctico esencial y porque la nulidad no puede convertirse en el primer mecanismo para resolver dudas o imprecisiones menores de la acusación. drive.google.com/file/d/1GWi…