STP19880-2026: Cuando el proceso renuncia a la verdad, renuncia a su legitimidad La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante Sentencia STP19880-2026 del 15 de septiembre de 2026, radicación 157755, con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano Martínez, nos entrega una providencia de extraordinaria relevancia para repensar los fundamentos epistemológicos y constitucionales del proceso penal colombiano. Una decisión que merece ser respaldada, no solamente por la protección que dispensa a los derechos de las víctimas, sino porque reivindica una premisa que siempre he defendido: la verdad constituye la finalidad epistemológica de la actividad probatoria y una condición esencial de legitimidad de cualquier diseño procesal contemporáneo. Un proceso penal que renuncia deliberadamente a la búsqueda de la verdad podrá conservar sus formas, sus audiencias y hasta sus sentencias, pero habrá perdido buena parte de su justificación institucional. El magistrado Urbano Martínez comprende algo fundamental: el sistema acusatorio no puede confundirse con un escenario de libre disposición del poder punitivo. Que la Fiscalía sea titular de la acción penal y soporte la carga de demostrar su hipótesis acusatoria no significa que pueda abandonar arbitrariamente su función constitucional. En Colombia, el principio de legalidad impone límites a esa autonomía y exige que cualquier decisión de renunciar a la persecución penal transite por los mecanismos jurídicos previstos y sus respectivos controles. La Fiscalía no puede conservar formalmente una acusación mientras destruye materialmente las condiciones probatorias indispensables para someterla a contrastación. Eso no es ejercicio legítimo de autonomía: es una renuncia encubierta al cumplimiento de una función pública. La importancia de esta decisión se comprende mejor desde el pensamiento de Mirjan Damaška, particularmente cuando explica que las estructuras procesales no son construcciones institucionales neutras, sino expresiones de determinadas concepciones sobre la autoridad, la distribución del poder y los fines que persigue el Estado mediante la administración de justicia. El diseño procesal constituye, en ese sentido, una decisión de política pública. Por ello, la configuración acusatoria no puede convertirse en una excusa para frustrar los objetivos institucionales que justifican su existencia. La separación entre acusación y jurisdicción garantiza la imparcialidad judicial, pero no autoriza a la Fiscalía a desentenderse de sus deberes funcionales. Precisamente ahí radica la trascendencia de la sentencia: la distribución de funciones no puede terminar desarticulando la finalidad que esas mismas funciones están llamadas a realizar. Esta conclusión encuentra una especial correspondencia con la teoría racionalista de la prueba. Desde Ronald J. Allen, podemos comprender el proceso como un escenario de confrontación de explicaciones rivales acerca de acontecimientos pasados. Las partes proponen hipótesis y construyen relatos que deben contrastarse con los elementos de juicio disponibles. Estamos, por tanto, ante una actividad esencialmente inferencial, donde la inducción, la plausibilidad explicativa y la valoración racional de la evidencia permiten determinar qué hipótesis encuentra mejor respaldo. Pero esa confrontación presupone algo elemental: que exista una actividad probatoria susceptible de contradicción. Si quien ejerce la acusación impide injustificadamente la incorporación de la totalidad de sus pruebas, no estamos ante una hipótesis derrotada por otra mejor corroborada, sino ante la frustración del escenario institucional diseñado para contrastarlas. @PaezJaimesPenal @lineym2006 @juangaleanorey @MORENOAREVALOA1 @MoisesMolina @guettedavid @laparticuladios @Funproinocencia @Melovides @raitello