Ba´alzemon

El amparo existe para llegar antes que el daño. Pero con el registro obligatorio de celulares está ocurriendo algo absurdo: cerca de 900 demandas rebotan entre juzgados que discuten quién debe conocerlas, mientras las desconexiones siguen avanzando. El ciudadano no ha perdido su juicio: en muchos casos, ni siquiera ha conseguido que un juez lo empiece a estudiar. Unos jueces dicen: esto es telecomunicaciones. Los especializados responden: no, aquí se discuten derechos, datos personales y constitucionalidad. Y mientras ellos resuelven quién tiene la puerta correcta, nadie decide si la línea debe mantenerse activa. La discusión procesal termina produciendo exactamente lo que el amparo debía evitar: que el acto se consume primero y la justicia llegue después. Pero el problema de fondo es todavía mayor. Para combatir a quien delinque usando un teléfono, el Estado decidió identificar preventivamente a millones de personas y condicionar la continuidad del servicio a entregar esa identidad. La pregunta no es si combatir la extorsión es legítimo. Claro que lo es. La pregunta es otra: ¿puede el Estado tratar a toda la población como punto de partida de una investigación sin demostrar antes que no existe una alternativa menos invasiva? Ahí está el verdadero pleito constitucional.