Alejandro Altisent

Esto que dice @_InakiLopez_ es pura desinformación o, para no andarnos con rodeos, un bulo. Y, siendo un periodista de larga trayectoria, me temo que lo hace con pleno conocimiento, porque, salvo que haya decidido conscientemente no informarse adecuadamente, estoy seguro de que entiende perfectamente cuál es la controversia jurídica sobre la cual está deliberando el TS. El TS no está castigando a los represaliados y exiliados del franquismo, como falsamente afirma Iñaki López. De hecho, en su auto, el TS ha confirmado el registro como votantes CERA de aquellos hijos y nietos de emigrantes que cumplen con los requisitos que establece la Ley: prueba de que sus padres o abuelos se exiliaron por motivos políticos. Porque lo que dice la Ley aprobada por las Cortes Generales es que tienen derecho a la nacionalidad los hijos y nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. Lo que no dice la Ley es que se presume que cualquier persona que emigró de España entre el 18 de julio de 1936 y 31 de diciembre de 1955 es un exiliado por razones políticas, ideológicas o de creencia. Eso lo dice una norma aprobada por una agencia del Ministerio de Justicia (la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública) que, por eso de que este Gobierno nunca se ha cortado a la hora de no mantener la apariencia de independencia de las agencias gubernamentales, presidía Sofía Puente, hermana del Ministro Óscar Puente. O sea que – para que los Iñakis de la vida lo entiendan – un falangista que se alistó en el bando Nacional y que luego, en los años 40 o principios de los 50, emigró a Alemania, Cuba o Argentina para labrarse un mejor futuro (es decir, por razones económicas) se presume que es, según la norma ministerial, un exiliado o represaliado político. Por eso, toda esta sumisión al dictado de un Gobierno que un día dice una cosa y al día siguiente la contraria, me hace sospechar que hay un interés espurio en alterar del censo de las elecciones de 2027. Porque, de lo contrario, no soy capaz de explicar el interés desmesurado que tiene un Gobierno (que, según el CIS de Tezanos, va a ganar de calle las elecciones) en incrementar en hasta 2,5M de votantes el censo electoral. Y, como he explicado en más de una ocasión, el control de la cadena de custodia del voto CERA (que podría llegar a alcanzar un 12-13% del censo electoral de aplicarse la norma gubernamental) está básicamente en manos de funcionarios del Gobierno. Soy poco dado a teorías conspiranóicas, pero la histérica insistencia del Gobierno y sus medios afines en incrementar sustancialmente el voto CERA me hace sospechar lo que nunca hubiera pensado fuera posible en el Estado de Derecho en el que yo creía vivir: que el Gobienro estaba preparando un “pucherazo” electoral en 2027. Desgraciadamente, es la única explicación razonable que puedo encontrar a este plan para otorgar el derecho de voto a extranjeros, que se benefician de los derechos que otorga la nacionalidad española sin contribuir a las cargas del Estado (pago de impuestos). Pero, como el Estado de Derecho no se destruye de la noche a la mañana, sino que se mina lentamente (desprestigiando los contrapoderes del Pode Ejecutivo, como el Poder Judicial o la prensa independiente), el Gobierno y sus medios afines llevan años embarcados en una estrategia suicida de creación de destrucción de nuestra modélica Transición democrática, creación de listas de periodistas, distinción entre bueno (los que apoya los dictados del Gobierno) y malos (los que osamos criticar la labor del Gobierno), entrevistas-masaje del Presidente de Gobierno exclusivamente en medios afines, ruedas de prensa sin pregunta y plena aceptación de la doctrina del “lawfare” (salvo – esquizofrénicamente – cuando esos mismos jueces investigan y condenan a la oposición parlamentaria). Nunca pensé que vería algo así en España, un país miembro de la (inoperante) UE desde 1986. Pero lo estoy viendo. Y me empieza a preocupar.