Estimado Alberto: Los médicos no pedimos normas que invadan competencias autonómicas ni leyes “de carta a los Reyes Magos”. Pedimos que el Estado ejercite plenamente las competencias que sí tiene, y que hoy no está ejerciendo. El Estatuto Marco es una ley básica estatal (art. 149.1.18 CE). Eso significa que puede y debe fijar: – límites máximos de jornada y descanso, – un marco básico de guardias, – criterios comunes de salud laboral, – principios de carrera profesional y jubilación, – y garantías mínimas para la seguridad del paciente. Todo ello sin gestionar plantillas ni presupuestos autonómicos, que es donde empieza y termina la competencia de las CCAA. Decir que el margen estatal es “muy estrecho” no es exacto: el Estado ya regula jornada, incompatibilidades, formación MIR, homologaciones, evaluación, bases del empleo público y derechos laborales básicos en sanidad desde hace décadas, y el Tribunal Constitucional lo ha avalado reiteradamente. Lo que pedimos los médicos no es centralismo, sino bases claras y seguras que eviten precisamente la litigiosidad y la desigualdad territorial que hoy existe. Que una norma pueda ser recurrida no puede convertirse en excusa para no legislar, porque entonces ninguna ley básica social sería posible. El riesgo de control judicial forma parte del Estado de Derecho; la inacción también tiene consecuencias, y hoy las estamos viendo en forma de agotamiento profesional, fuga de talento y deterioro asistencial. Por último: cuando miles de médicos paran durante varios días no están pidiendo milagros. Están diciendo que el marco actual y el propuesto no protege ni a los profesionales ni a los pacientes. Eso merece algo más que resignación jurídica. Merece una reforma ambiciosa, bien hecha y dentro de la Constitución.