CARTA ABIERTA AL DIPUTADO Johannes Kaiser. @Jou_Kaiser Señor Kaiser Diputado. He escuchado con atención su reciente anuncio de impulsar un proyecto de ley para reducir las dotaciones del Estado, argumento que sustenta señalando que hace doce años el sector público contaba con cerca de 500.000 trabajadores y hoy bordea el millón. La frase suena contundente, casi escandalosa. El problema es que, como suele ocurrir con los relatos apresurados, omite datos elementales sin los cuales cualquier conclusión se transforma en un ejercicio de brutal ignorancia estadística. Los países no son fotografías estáticas. Son organismos dinámicos. En los últimos doce años Chile no ha permanecido inmóvil. La población ha aumentado en torno a 3,6 millones de personas, lo que equivale aproximadamente a incorporar un nuevo país del tamaño de Uruguay dentro de nuestras fronteras. De ese aumento, cerca del 70% corresponde a personas en edad laboral, producto tanto del crecimiento demográfico como de la inmigración reciente. En otras palabras, mientras la población crece, la fuerza de trabajo también lo hace. Pretender que el Estado mantenga exactamente la misma dotación de hace doce años sería tan absurdo como exigir que un hospital atienda el doble de pacientes con la misma cantidad de médicos. Pero el problema de su argumento no termina allí. Hoy, considerando todas las instituciones —municipios, salud, educación, Fuerzas Armadas, policías, Poder Judicial, Congreso y administración central— el empleo público en Chile representa apenas el 9,5% de la fuerza laboral. Es una de las tasas más bajas del mundo. El promedio de la OCDE supera el 18%. Si su tesis fuese correcta, deberíamos concluir algo bastante curioso: que prácticamente todos los países desarrollados del planeta viven atrapados en un Estado hipertrofiado… y que Chile, con una dotación que equivale proporcionalmente a la mitad de ellos, sería una suerte de excepción virtuosa. Sin embargo, lo que muestran los estudios comparados es exactamente lo contrario: Chile presenta una subdotación estructural en varios servicios públicos, especialmente en salud, seguridad y gestión territorial. Reducir dotaciones bajo ese contexto no es eficiencia; es amputación administrativa. Su razonamiento sobre la deuda pública tampoco ayuda demasiado. Chile mantiene una deuda cercana al 41% del PIB, nivel que organismos internacionales consideran moderado para una economía emergente. El promedio de los países desarrollados supera el 80%, Estados Unidos ronda el 120% y Japón se acerca al 200%. Incluso el déficit fiscal chileno —entre 2,8% y 3,5% del PIB— se ubica por debajo del promedio de la OCDE, que bordea el 4,5% al 5%. Hablar de crisis fiscal con esas cifras es como declarar emergencia hídrica en medio de un diluvio. Pero quizá el punto más revelador de su planteamiento es otro: asumir que la dotación estatal de hace doce años era la correcta. Esa premisa, diputado, revela un problema conceptual profundo. Los Estados no se dimensionan mirando el pasado, sino observando las necesidades presentes y futuras de una sociedad que crece, envejece, recibe migración y demanda más servicios públicos. Creer que Chile puede administrarse con el aparato estatal de hace una década no es una tesis económica. Es, nuevamente ignorancia estadística. La política pública exige algo más que consignas libertarias y calculadoras ideológicas. Exige comprender datos, comparar realidades internacionales y, sobre todo, distinguir entre un argumento técnico y una ocurrencia de sobremesa. Si su proyecto busca mejorar la eficiencia del Estado, la discusión es otra. Pero si pretende sostenerse sobre cifras incompletas y diagnósticos superficiales, corre el riesgo de convertirse en lo que ya parece ser: un ejercicio de aritmética política donde los números se usan más para impresionar que para entender la realidad. Y cuando eso ocurre, diputado, el problema ya no es el tamaño del Estado. Es el tamaño del error. @MisColumnas