La cosa con la Ley de Tierras es así: En diciembre de 2023, el Gobierno firmó el DNU 70/23 en el que, entre otras muchas cosas, derogaba la Ley de Tierras. Como muchos de los capítulos de ese DNU, el artículo que derogaba la Ley de Tierras se judicializó: El Centro de ex Combatientes de La Plata presentó un amparo planteando que era inconstitucional. En enero de 2024, el juez federal Ernesto Krepak dictó la medida cautelar que suspendía ese artículo hasta resolver la cuestión de la constitucionalidad. Después, la Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo y le dijo al Gobierno que si querían derogar la Ley de Tierras, iban a tener que pasar por el Congreso. No lo podían hacer por DNU. El Gobierno presentó entonces al Congreso la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con un capítulo para derogar los puntos más restrictivos de la Ley de Tierras. Ocurrió lo que todos sabemos: movilización multitudinaria en las calles, expresiones de artistas populares y jugadores de fútbol, bandera de Malvinas en el Mundial y toda la presión que hizo que el oficialismo perdiera los votos y tuviera que retirar el capítulo. Ahora lo que hizo la Corte Suprema de Justicia (integrada por 3 personas) es revocar el fallo de la Cámara Federal de La Plata y reponer la vigencia del capítulo del DNU 70/23 que derogaba la Ley de Tierras. Se cuidaron de no opinar sobre la cuestión de fondo porque hace casi tres años que están procrastinando resolver sobre la constitucionalidad de todo el DNU. El fundamento es que el Centro de ex Combatientes de La Plata no tiene legitimación procesal para plantear un amparo contra el decreto. Dejaron pasar el tiempo para que baje la espuma y lograron, con un fallo a pedido, lo que no pudieron hacer democráticamente, que es poner en venta las tierras argentinas a extranjeros.