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La participación ciudadana es esencial para garantizar una gestión responsable de los recursos públicos en el sistema de salud.

Joined June 2014
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Con profundo dolor compartimos esta noticia sobre nuestro padre, Vicente. Gracias por tanto cariño y por haberlo acompañado siempre. Sus hijos.
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Replying to @PalomaValenciaL
¿Y por qué ese análisis no lo hiciste en 2017, 2018, 2020 o 2022? Si sabías que había EPS como la Nueva EPS cuyo destino era la intervención porque acumulaban billones de pesos en deudas con hospitales y clínicas, ¿por qué nunca te pronunciaste de manera efectiva? ¿Por qué hasta hace poco intentabas responsabilizar al gobierno de @petrogustavo de una crisis del sistema de salud que venía gestándose desde hace décadas? Y si en 2024 el Estado realizó el mayor giro de recursos de la historia, cercano a los $24 billones, ¿por qué no haces un análisis sobre el destino de los recursos girados entre 2022 y años anteriores? ¿Dónde está esa plata? ¿Quién responde por los casi $18 billones en deudas históricas que seguimos heredando? ¿Quiénes permitieron ese desfalco durante las administraciones de tus amigos y de tus padrinos políticos?
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ATENCIÓN | El Tribunal Superior de Cundinamarca (@tacundinamarca) negó la preclusión que solicitó la @FiscaliaCol en el caso de Jorge Enrique Pizano, conocido como 'el controller' de la Ruta del Sol II en medio del escándalo de corrupción de Odebrecht. De esta manera, le dio la razón a la representación de víctimas en cabeza del abogado Miguel Ángel del Río (@migueldelrioabg) y le ordena a la @FiscaliaCol seguir investigando los hechos que rodearon su muerte y la de su hijo Alejandro Pizano. Vía: @JennyAngaritaG Caracol.com.co
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Auxiliar a esa señora urgente
El principal deudor de Nueva EPS es el propio Estado colombiano. Solo la cuenta denominada “Deudores del Sistema”, que agrupa las obligaciones pendientes de las entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, asciende a $5,49 billones (Fuente: BlueRadio, Estados Financieros Nueva EPS 2024). Columna de opinión 👇👇👇👇 palomavalencia.com/blog/283-…
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Y sigue insistiendo que los anticipos entregados son cuentas por cobrar al sistema, dios mio, el enredo de esta señora es brutal.
Cuando los estados financieros hablan La Nueva EPS cerró el año 2024 con una pérdida de $4,8 billones. Aunque inferior a la pérdida de $6,6 billones registrada en 2023, el resultado sigue reflejando un deterioro financiero de enormes proporciones. El patrimonio de la EPS cayó hasta -$11,9 billones, mientras sus pasivos alcanzaron $22,5 billones, más del doble del valor de todos sus activos, que sumaron $10,6 billones. La EPS debe más del doble de todo lo que tiene. La cifra más reveladora está en la operación misma del sistema: durante 2024, la Nueva EPS recibió $22,2 billones de ingresos por su actividad principal, un crecimiento del 18% frente al año anterior. La mayor parte de esos recursos provino de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el dinero que el Estado reconoce por cada afiliado para financiar su atención en salud. Sin embargo, atender a esos mismos afiliados costó $26,5 billones, un 8% más que en 2023, cuando los costos ascendieron a $24,4 billones. Esto significa que la EPS gastó aproximadamente $4,2 billones más de lo que recibió únicamente en la prestación de servicios de salud, incluso antes de incorporar los gastos administrativos. Dicho de otra manera, por cada $100 que ingresaron para atender a los pacientes, la entidad terminó gastando cerca de $119. La pregunta acá es: ¿realmente la UPC está financiando el costo de la atención en salud? Si una EPS recibe recursos insuficientes para cubrir los servicios que debe garantizar por ley, el problema deja de ser exclusivamente administrativo y se convierte en un problema estructural de financiación. Los estados financieros también muestran otro dato inquietante. La mayor parte de las obligaciones de Nueva EPS corresponde a las llamadas reservas técnicas. Lejos de ser una deuda bancaria, estas representan los recursos que deberían estar disponibles para pagar los servicios que ya prestaron hospitales, clínicas, laboratorios, droguerías y demás instituciones de salud. Al cierre de 2024, esas reservas ascendieron a $21,9 billones, frente a $11,5 billones un año atrás. Es decir, crecieron cerca de un 90% en apenas doce meses. Dentro de ese monto, $17,7 billones corresponden a servicios ya conocidos, pero aún pendientes de liquidación. Otros $4,2 billones corresponden a obligaciones ya liquidadas que continúan sin pagarse, una cifra que aumentó 266% frente al año anterior. Mientras tanto, del lado de los activos también aparecen señales preocupantes. De los $10,6 billones que reporta Nueva EPS como activos, $9,5 billones corresponden a cuentas por cobrar. En otras palabras, cerca del 90% de todo lo que tiene la entidad depende de recursos que aún no ha recibido. Este rubro, además, creció 137% durante el último año. El principal deudor de Nueva EPS es el propio Estado colombiano. Solo la cuenta denominada “Deudores del Sistema”, que agrupa las obligaciones pendientes de las entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, asciende a $5,49 billones (Fuente: BlueRadio, Estados Financieros Nueva EPS 2024). Y como si todo esto no fuera suficiente, los mismos estados financieros contienen advertencias que deberían encender todas las alarmas: la revisora fiscal remitió los estados con la anotación “en proceso de auditoría” y advirtió expresamente que su firma no constituye un dictamen ni una opinión de auditoría, pues aún no había finalizado su revisión ni contaba con evidencia suficiente para pronunciarse sobre la razonabilidad de las cifras. Es decir, el país conoce estos resultados sin que exista todavía un concepto definitivo de quien, por ley, debe verificar su confiabilidad. A esto se suma una advertencia aún más preocupante: la propia Nueva EPS reconoce una incertidumbre material sobre su continuidad como negocio en marcha. El informe admite limitaciones técnicas para determinar con precisión el estado real de las cuentas por pagar y alerta que esa situación podría afectar la continuidad de la entidad, el pago de sus obligaciones e incluso la prestación de los servicios de salud. El sistema necesita soluciones de fondo: una financiación suficiente, reglas claras, pagos oportunos y decisiones que permitan recuperar su sostenibilidad. Seguir acumulando deudas, mantener una UPC que no cubre los costos reales de atención y aplazar los problemas solo profundiza una crisis que hoy ya no puede ocultarse detrás de ningún relato.
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Tal cual, desde 2023, en el proyecto #DóndeEstáLaPlata venimos demostrando con datos y evidencias esa bomba atómica que por decadas se vino construyendo en el sistema, que justamente terminó explotando al momento que se decidió no seguir utilizando la figura de las liquidaciones como medio de fuga estilo Chapo Guzman de los bandidos que por años manejaron el sistema. Las historias de Coosaud, Nueva Eps, Sanitas, Emssanar, Asmet, Savia Salud, Capresoca, SOS y otro puñado que han permanecido aún en el sistema es la misma, abusar a su máxima expresión en el desangre del sistema. La herramienta que evitaba este desmadre, aunque complejo de entender en su mecanismo de control, fue incumplir el mecanismo de resguardo de reservas técnicas, el denominador común de todas las quebradas. Si el gobierno no hubiera parado las liquidaciones a diestra y siniestra como sucedió hasta 2021, hoy todo lo que se sabe y se entiende sería imposible de conocerlo, y que su objetivo siempre fue desaparecer pasivos propiedad de los prestadores e incrementar la impunidad por esos robos. Ustedes no recuerdan que las magníficas estrategias de los gobiernos anteriores era desaparecer EPS y con ellas sus deudas, como hicieron con Saudcoop, Cafesalud, Medimas, Ambuq, Coomeva y muchas más. Todo con la intención de dar impunidad y no garantizar los derechos que garantiza el sistema. Fue todo siempre una estrategia dirigida desde los gremios desde hace años, pero @petrogustavo les rompió el molde. Lo peor es que tienen al nuevo gobierno convencido de seguir el mismo modelo fracasado para poder seguir delinquiendo a gusto con la vida de la gente y los recursos de su salud.
Nueva EPS es el Chernobyl de la Salud en Colombia. Es la larga factura de un modelo de salud corrupto y fracasado que fue condensando en ella el fracaso de 150 EPS liquidadas que nunca invirtieron en salud y prevención. Duque la dejó quebrada y sin estados financieros. El Gobierno Petro tuvo que intervenir, aclarar sus cuentas (encontrando que las perdidas eran incluso peores) y evitó su liquidación que hubiera arrastrado a todo el sistema. Pero lo más importante que intentó una y otra vez fue reformar la Ley 100 para desactivar la bomba de una vez y por todas. No lo dejaron. El plan de De la Espriella es el contrario: liquidar Nueva EPS, pasar 12 millones de afiliados a EPS privadas, aumentar la UPC no para mejorar el sistema sino para pasar cientos billones de pesos de nuestros impuestos a esas EPS y pagar las utilidades de sus empresas integradas y de amigos que sumaron 45 billones de utilidad por cobrar en los últimos 5 años. Que seguirá: los sobrecostos aumentarán sin límite, la supersalud se hará la ciega, se enriquecerán los que financiaron la campaña. Veremos billones de pesos salir para Brasil y Panamá mientras nuestra gente enfermará sin políticas ni inversión en estrategias de predicción y prevención mientras quiebran otra “Nueva EPS”. Luego repetirán el ciclo una y otra vez hasta que dejemos de ser la patria boba y finalmente nos demos cuenta que nos han estado robando de frente y sin recato.
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La Contraloría desde hace años perdió la brujula en el control fiscal de las EPS, las alarmas que se comenzaron a prender desde 2017 con el incumplimiento normativo y sistemico del decreto 780 de 2016 fueron las primeras desatendidas por el ente de control. Se hicieron de la vista gorda de un problema monumental que les exploto en la cara y han sido totalmente irresponsables de enfrentarlo.
📰 El Contralor, Carlos Hernán Rodríguez, publica en @RevistaSemana la columna "Salud: la crisis del servicio que refleja el riesgo fiscal". 📌Un análisis sobre la crisis que enfrenta el sistema de salud, las alertas por el deterioro financiero de las EPS, el impacto sobre hospitales y usuarios, y la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad fiscal y la protección del derecho fundamental a la salud. 📲Los invitamos a leer la columna completa 👉🏼 semana.com/opinion/articulo/…
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Entonces Minsalud esta siendo rifada entre Acemi, Sanitas y Asocajas, interesante será el resultado del sorteo.
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Que excelente e interesante este precedente, aquí hay algo más que auditoria tradicional, es un tema a analizar.
Una mujer fue condenada por falsificar una incapacidad médica: modificó un documento de 1 día para hacerlo pasar por 3. El caso no es aislado. @EPSSaludTotal asegura haber presentado más de 4.000 denuncias por presuntos fraudes que afectan recursos del sistema de salud 👇
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Y justamente aquí es donde cometer ese tipo de errores (o intencionalidades) por parte de la Senadora es trascendental. Cuando entramos en la presencia de "ANTICIPOS" en un estado financiero se entra en un campo muy peligroso, más al ser recursos públicos de destinación especifica, por un lado es que están normados para que su temporalidad sea muy corta (por eso hablar de anticipos de billones es y ha sido un absurdo por años), pero atrás de ellos, se abre un canal de dos posibilidades, uno de ellos es que una parte de esos anticipos se generen como parte de una factura que esta radicada y pagada pero no conciliada, ya sea por haberla pagado parcialmente, por ser parte de un cupo o sencillamente no se consigue por el volumen a conciliar, aquí podríamos incluso hablar de buena fe, pero desorden. Pero la otra posibilidad que abre el anticipo, y más por el volumen que hablamos, es que se produzca tan solo por una transferencia directa de un banco a un tercero, incluso sin contrato y sin relación comercial, eso ya es robo directamente y es muy probable que ante esa falta total de gobernanza por años eso se haya producido y este enredado en esa maraña de transacciones son cerrar. Ya en 2018 había cifras extraordinarias de anticipos que incluso muchos sabios decían que eran normales y hasta la justificaban y el gobierno de Duque incluso los admitio para justificar resguardo de reservas tecnicas, otros se sus tantos exabruptos para permitir el saqueo del sistema.. ¿Que trata de tapar la Senadora? Su accionar estoy seguro no es de inocente mal informada.
Replying to @PalomaValenciaL
PALOMA MAL ASESORADA POR SUS CONTADORES Paloma dice "La entidad reporta $9,51 billones en cuentas por cobrar, cerca del 90% de todos sus activos. El principal deudor es el propio Estado colombiano". Pero los Estados Financieros de la NEP dicen que el 91% de los activos son anticipos y avances entregados a las IPS y proveedores y solo el 9% son cuentas por cobrar a otros de las cuales menos estan por cobrar a ADRES (o sea al Estado).
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Este fue un ejercicio de simulación al cierre de 2022 de la NUEVA EPS ya era 100% insostenible y eso que aún se desconocia sobre los billonarios pasivos ocultos. Aquí todo estaba cantado esa empresa se la robaron antes de 2018.
Vamos a hacer un ejercicio hipotético: El 1ro de enero de 2023, la Superintendencia de Salud decide intervenir y liquidar a la Nueva EPS por su incumplimiento reiterado en la no inversión de las reservas técnicas Hagámoslo de manera entendible para todos (será largo y lento) 1/
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Le pregunte a la AI: ¿Cuáles serían los pasos con el sistema de salud colombiano de un candidato a la presidencia que busque imitar a Javier Milei de Argentina? Reformando el Sistema de Salud Colombiano al Estilo de Javier Milei: Una Visión Hipotética El sistema de salud colombiano, establecido principalmente por la Ley 100 de 1993, se caracteriza por un modelo de cobertura universal con regímenes contributivo y subsidiado, administrado por Entidades Promotoras de Salud (EPS) y prestadores de servicios (IPS). Sin embargo, enfrenta desafíos como ineficiencias burocráticas, déficits financieros y corrupción, agravados por incumplimientos recurrentes de las EPS a normativas clave, como el Decreto 2702 de 2014 (que actualiza condiciones financieras y de solvencia, exigiendo capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas) y el Decreto 780 de 2016 (decreto único reglamentario del sector salud, que prohíbe la selección de riesgos y regula la afiliación). Inspirado en las reformas implementadas por Javier Milei en Argentina desde diciembre de 2023, que incluyen recortes drásticos en el gasto público, desregulación y promoción de mecanismos de mercado, un candidato presidencial colombiano podría proponer un enfoque libertario para transformar este sistema. A continuación, se sintetizan los pasos clave que podría seguir, de manera impersonal y basada en una adaptación hipotética de las medidas argentinas, complementando con acciones legales para abordar los incumplimientos de las EPS. 1. Diagnóstico y Declaración de Emergencia El primer paso consistiría en declarar una "emergencia sanitaria y económica" en el sector salud, similar a los decretos de necesidad y urgencia utilizados por Milei. Esto justificaría reformas inmediatas sin pasar por extensos debates legislativos. Se argumentaría que el sistema actual es insostenible debido a su alta dependencia del Estado, con déficits acumulados en las EPS y un gasto público que supera el 8% del PIB. El diagnóstico incluiría un énfasis en los incumplimientos crónicos de las EPS, como el no mantenimiento de reservas técnicas provisionadas e invertidas según el Decreto 2702 de 2014, o la selección indebida de riesgos prohibida por el Decreto 780 de 2016. Para complementar, se invocaría la autoridad de la Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) para auditar de inmediato a las EPS, identificando violaciones que justifiquen intervenciones forzosas, tal como ha ocurrido en casos reales como Nueva EPS y Sanitas, intervenidas por irregularidades financieras por valor de billones de pesos según auditorías de la Contraloría General de la República. 2. Recortes Presupuestarios y Reducción de Personal Siguiendo el ejemplo argentino, donde se recortó el presupuesto de salud en un 48% y se despidieron más de 2.000 empleados del Ministerio de Salud, se propondría una disminución radical del financiamiento público. En Colombia, esto implicaría congelar transferencias a las EPS subsidiadas y eliminar programas como el Plan Básico de Salud (PBS) en su forma actual, reemplazándolo por coberturas mínimas financiadas por seguros privados. Se despediría a miles de funcionarios del Ministerio de Salud y Protección Social, así como de entidades como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), para "desmantelar la burocracia". El ahorro se destinaría a reducir el déficit fiscal general, priorizando la austeridad sobre la expansión de servicios. Como complemento legal, se aceleraría la aplicación de sanciones por incumplimientos, o investigaciones de la Procuraduría General de la Nación contra entidades intervenidas como Nueva EPS, Coosalud, Emssanar, SOS y Asmet Salud por manejo irregular de recursos públicos, lo que facilitaría la liquidación de EPS no viables y la reasignación de sus afiliados a opciones privadas. 3. Desregulación del Mercado de Seguros y Servicios Un eje central sería la desregulación de las EPS, permitiendo que fijen libremente sus tarifas y planes, similar a la eliminación de controles de precios en los seguros privados en Argentina. Esto promovería la competencia entre entidades privadas, equiparando las EPS públicas con las privadas y eliminando subsidios estatales que distorsionan el mercado. Se facilitaría la entrada de aseguradoras internacionales y se flexibilizarían requisitos para IPS, reduciendo inspecciones y normativas para fomentar la innovación y bajar costos a través de la oferta y demanda. Programas como la atención gratuita para poblaciones vulnerables se limitarían, incentivando la adquisición de seguros privados voluntarios. Para abordar incumplimientos, se integraría el enforcement estricto del Decreto 2702 de 2014, que exige a las EPS mantener un capital mínimo (por ejemplo, 8.788 millones de pesos en 2014, ajustado anualmente) y reservas técnicas invertidas en activos de alta liquidez; EPS como Savia Salud y Famisanar, intervenidas por no cumplir estos indicadores, servirían de ejemplo para justificar liquidaciones rápidas y transferencias de usuarios a competidores solventes, evitando que el Estado asuma deudas acumuladas (que superan los 32 billones de pesos en 29 EPS, según la Contraloría). 4. Descentralización y Eliminación de Programas Centrales Inspirado en la descentralización argentina y el desmantelamiento de direcciones nacionales, se transferiría responsabilidades a los departamentos y municipios, reduciendo el rol federal del gobierno central. Entidades como el Administrador de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) se reestructurarían o eliminarían, junto con programas de detección temprana (como cáncer o enfermedades crónicas) si se consideran ineficientes. Se suspenderían financiamientos para campañas de vacunación masiva o tratamientos gratuitos para enfermedades como VIH o tuberculosis, argumentando que el mercado privado puede asumir estos roles con mayor eficiencia. Complementando con acciones legales, se invocaría el Decreto 780 de 2016 para sancionar violaciones como la negación de inscripciones por edad o estado de salud, con ejemplos reales de intervenciones a EPS como SOS y Capresoca por fallas en la prestación de servicios y acumulación de deudas. Esto permitiría la intervención forzosa para administrar o liquidar, como en los casos de Emssanar y Asmet Salud, priorizando la disolución de entidades incumplidoras para liberar recursos. 5. Retiro de Organismos Internacionales y Reforma Normativa Al igual que la retirada de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se propondría el abandono de convenios internacionales que impongan regulaciones "intervencionistas", como acuerdos con la OMS o la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esto se justificaría como una defensa de la soberanía nacional contra "burocracias globales". Adicionalmente, se impulsaría una reforma legislativa para modernizar la Ley 100, permitiendo pagos en divisas extranjeras para servicios de salud y extendiendo jornadas laborales en el sector para aumentar la productividad, similar a las reformas laborales de Milei. En este contexto, se fortalecería la aplicación de sanciones por incumplimientos a los decretos mencionados, como embargos judiciales contra EPS (alcanzando 2,6 billones de pesos en 291 medidas cautelares hasta 2026, concentrados en Nueva EPS y Coosalud), o auditorías de la Contraloría que revelan irregularidades por 1,6 billones en Nueva EPS, facilitando la transición a un modelo donde solo EPS solventes operen libremente. 6. Implementación y Monitoreo La ejecución se realizaría mediante decretos presidenciales iniciales, seguidos de un paquete legislativo en el Congreso para institucionalizar los cambios. Se crearía un "comité de eficiencia" para monitorear impactos, enfocándose en métricas económicas como reducción de déficits en lugar de indicadores de cobertura universal. Se promovería la transición a un modelo donde el Estado actúe solo como regulador mínimo, incentivando la inversión privada en infraestructura hospitalaria y tecnología médica. Para complementar, se establecerían mecanismos automáticos de sanción basados en los decretos 2702 y 780, como la intervención inmediata por SuperSalud en casos de no cumplimiento de reservas técnicas o afiliación indebida, con ejemplos históricos de liquidaciones de EPS como Medimás o Coomeva para demostrar la viabilidad de eliminar entidades ineficientes. Estas reformas hipotéticas buscarían transformar el sistema de salud colombiano en uno más orientado al mercado, reduciendo la carga estatal y promoviendo la libertad individual en la elección de servicios, mientras se abordan los incumplimientos mediante intervenciones, multas e investigaciones que refuercen la transparencia. Sin embargo, podrían generar controversias por impactos en el acceso equitativo, como se ha observado en Argentina con pérdidas de cobertura y retrasos en tratamientos. El éxito dependería de la capacidad para equilibrar austeridad con protección social, en un contexto de alta desigualdad y deudas acumuladas en el sector.
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La punta del iceberg El problema fundamental del sistema de aseguramiento de salud en Colombia radica en la deficiente gestión y resguardo de las reservas técnicas por parte de las EPS, especialmente aquellas que eventualmente entran en proceso de liquidación. Esto sigue siendo así, a pesar de que un ex ministro le esté dando públicamente poca relevancia. Cuando estas EPS no cumplen con las normas mínimas de aseguramiento, no solo generan un impacto negativo en los prestadores de servicios de salud (IPS), que dejan de recibir los pagos correspondientes, sino que también transfieren compromisos financieros no cubiertos por ellas a las EPS receptoras. Estas últimas, a pesar de recibir ingresos adicionales por concepto de UPC desde el momento de la migración de afiliados, enfrentan la obligación inmediata de provisionar y garantizar los fondos necesarios para los tratamientos en curso. Este fenómeno ha sido el principal factor que ha afectado la estabilidad financiera de EPS como Sura en los últimos años y ha contribuido a una crisis sistémica en el sector desde sus inicios. (150 EPS liquidadas por el mismo problema no es poco). Transferir afiliados no es solo cambiar gente de EPS, significa transferir obligaciones por tratamientos en curso que ya las EPS originarias cargaron a sus costos y el sistema ya pagó. Cuando la EPS receptora los recibe, vuelve a cargarle al sistema esos mismos costos (duplicándolos), lo cual no puede ser atribuible a la UPC por ningún motivo. Este círculo vicioso solo ha servido para lograr desaparecer del sistema decenas de billones de pesos con una facilidad pasmosa y una irresponsabilidad total de las autoridades de control por años, que, para agravar la situación, han sido permisivas para que las irregularidades se mantengan y se perpetúen. La revelación de pasivos ocultos por parte de la Nueva EPS por 5.5 billones, más los 4.5 billones de anticipos sin cerrar que declararon en sus estados financieros a diciembre de 2023, más el déficit de inversión de sus reservas técnicas por 5 billones de pesos a esa fecha (que, con los pasivos ocultos, se convierten en 10), es solo la bomba atómica que faltaba a todo este juego macabro donde unos pocos se han beneficiado de la contabilidad creativa que se ha permitido por años. Todos los actores del sistema y expertos se han encargado de desestimar este gran problema, desviando la atención a lo político-ideológico, lo cual ha sido un gran error. Si @epssura no tuviera ese celo con las Reservas tecnicas, el monto que tiene resguardado estaria como PATRIMONIO NEGATIVO y a todos los genios les pareceria normal.
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Parece que la Senadora empieza a entender para qué sirven las reservas técnicas, tardamos más de dos años para que lo comprendiera.
Replying to @PalomaValenciaL
3/ ¿Dónde está hoy la mayor presión financiera de Nueva EPS? En las reservas técnicas, que cerraron 2024 en $21,8 billones, un aumento del 90% frente a 2023. Las reservas técnicas son el dinero que la EPS debe tener reservado para pagar las cuentas de clínicas, hospitales y médicos por los servicios de salud que ya se prestaron a los pacientes. Este rubro concentra la mayor parte del pasivo de la entidad y su valor depende de auditorías, conciliaciones y el reconocimiento de las facturas médicas. Este fuerte crecimiento es otra señal clara del enorme deterioro financiero que vive la entidad.
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Que forma de tergiversar los números, 8.6 billones de las cuentas por cobrar son anticipos sin cerrar, un vicio que vienen acumulando desde 2018. No son deudas del estado, mentir es feo. Una de las características históricas de Nueva EPS desde hace años eran esos anticipos absurdos, llevamos años denunciandolo. Eran parte de su forma de desviar recursos.
Replying to @PalomaValenciaL
1/La entidad reporta $9,51 billones en cuentas por cobrar, cerca del 90% de todos sus activos. El principal deudor es el propio Estado colombiano. Solo la cuenta de “Deudores del Sistema” —es decir, las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud que le deben dinero a la EPS— suma $5,49 billones. Algo grave es que $967.362 millones llevan entre dos y tres años sin pagarse, y $17.277 millones acumulan más de cinco años pendientes. ¿Cómo pretende el Gobierno que una EPS pague oportunamente a clínicas, hospitales y médicos si el propio Estado no cumple con lo que debe? Los colombianos necesitamos un sistema de salud donde primero se cumplan las obligaciones. Sin eso, todo lo demás son solo palabras.
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Veremos que sucede con este otro emperador
La #SalaDeInstrucción de la @CorteSupremaJ confirmó el llamado a juicio del exsenador Arturo Char Chaljub por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante. La defensa del excongresista interpuso recurso de reposición de la decisión adoptada por la Sala en diciembre del año pasado y hoy se discutió y aprobó la ponencia que rechaza sus argumentos y deja en firme la acusación que pasará a la Sala Especial de Primera Instancia. Char Chaljub es procesado por la existencia de una organización dedicada a la compra de votos en el departamento de Atlántico y que estaría vinculada a irregularidades en las elecciones de octubre de 2017. Estos hechos de corrupción electoral se desplegaron desde la sede política Casa Blanca en Barranquilla.
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Lo que realmente demuestran esos estados financieros es el desastre que dejaron los anteriores administradores. Un saqueo total que estuvo oculto por años. Hay que leer las fechas y lo que significan estimada Senadora.
Los estados financieros de @NuevaEPSCol confirman lo que millones de pacientes ya sabían: mientras el Gobierno hablaba de reformar la salud, la EPS más grande del país se hundía. Las cifras no mienten. El costo de la improvisación lo pagaron los pacientes. Ahora corresponde reconstruir un sistema que nunca debió ser llevado hasta este punto.
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Jajajjaja la recomendación del experto, así todo se queda en casa.
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Me encanta que se claven sus propias dagas, los estados financieros de Nueva EPS develados ayer son principalmente los de Vargas Lleras y sus mafias mostrando sus vagabunderias.
El estado de la Nueva EPS según sus estados financieros, escondidos durante meses, es catastrófico. Seis billones es el déficit, las deudas son 22 billones, una insolvencia técnica total y un genuino desastre financiero. Una muestra genuina de cómo ha manejado la salud este gobierno
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