La censura rara vez llega anunciándose como censura. Casi siempre entra con palabras amables: “proteger a las audiencias”, “combatir la mentira”, “garantizar información veraz”. El problema empieza cuando el Gobierno deja de ser sujeto de la crítica y pretende convertirse, al mismo tiempo, en juez de lo que puede decirse sobre él. Distinguir noticia, opinión y publicidad es razonable. Lo inadmisible es entregar a una autoridad cercana al poder la facultad de decidir qué información es “falsa”, “descontextualizada” o “insuficientemente corregida”, y acompañar esa decisión con multas, procedimientos y amenazas regulatorias. La censura más eficaz no es la que borra una nota después de publicada. Es la que consigue que el periodista no la publique. Cuando una redacción empieza a preguntarse qué tolerará el Gobierno antes de preguntarse qué necesita saber la sociedad, la libertad de expresión ya comenzó a perderse. Puedo llevarlo todavía a un tono más duro, más jurídico o más narrativo.