La Contraloría General del Estado detectó inconsistencias en los activos de la sindicalista del IESS Rosa Argudo que implicó en variaciones injustificadas de su patrimonio entre julio del 2019 y junio de 2024. Entre los más de dos millones de dólares que la Contraloría validó que recibió Argudo y su cónyuge se encuentran acreditaciones que NO pudo justificar el origen de los recursos. De acuerdo a los resultados del examen especial, la Contraloría emitió y aprobó un informe con indicios de responsabilidad penal, mismo que fue remitido a la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones que correspondan. Para el análisis de las declaraciones patrimoniales de la sindicalista Argudo, la Contraloría tomó en cuenta los movimientos de su cónyuge. Según las verificaciones de la autoridad de control, ambos tuvieron acreditaciones por 2' 197.316,30 dólares entre julio del 2019 y junio de 2024 en ocho cuentas bancarias. De acuerdo con la Contraloría, Argudo recibió 766.214,56 dólares y su cónyuge, 1' 431.119,03 dólares. Algo que contrasta con la información remitida por el Hospital José Carrasco Arteaga del IESS, que señaló que la sindicalista, entre julio del 2019 y junio de 2024, percibió 77.497,11 dólares por concepto de remuneraciones, fondos de reserva y décimos tercero y cuarto sueldos. La Contraloría también anota en su examen especial que Argudo señaló haber recibido estipendios en efectivo por parte del Sindicato Nacional Único de Obras (SINDUO) del Seguro Social por 314.633,26 por concepto de viáticos, seguridad, pasajes aéreos y movilización. Además de 117.415,72 dólares por representación de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadores. Sin embargo, los montos sumados están por debajo de las acreditaciones validadas por la autoridad de control. Son 14 acreditaciones que suman 41.544,96 y otras tres que suman 70.636,24 dólares. Es decir, la sindicalista NO pudo justificar el origen de 112.180,93 dólares que les fue acreditados a ella y a su cónyuge. Vía: Expreso

Lourdes Angelica Terreros, hija de la sindicalista Rosa Argudo, perdió el recurso de apelación con el que buscaba regresar a su cargo como inspectora de riesgos en el IESS. La Hija de sindicalista trabajó hasta el 18 de diciembre en el IESS Cuenca, después de recibir una acción de personas para formalizar su desvinculación. La destitución del cargo de Terreros se realizó con base al artículo 48, literal j, de la Ley Orgánica de Servicio Público. Esta norma prohíbe que un funcionario público celebre o suscriba contratos del Estado con su cónyuge o pariente de hasta un cuarto grado de consanguinidad. Ella Fue proveedora de la institución, con máquinas expendedoras de alimentos. El Ministerio de Trabajo resolvió negar el recurso de apelación y devolver el expediente al área correspondiente, porque la acción prescribió el 22 de enero de 2025. Es decir, el tramite fue extemporáneo.