La misma tarde después de castigar en el patio a un alumno, su padre me pidió una cita. Al día siguiente hablé con él y me dijo que habíamos "crucificado" a su hijo y que lo habíamos "metido en un cuarto" durante media hora. De poco sirvió explicarle que aquel cuarto era un aula normal y que la supuesta crucifixión consistió en hablar con él y tratar de solucionar los problemas que tenía con otro compañero. Donde él veía represión, yo contemplaba inversión de recursos educativos, a lo que él añadió que nosotros no teníamos que educar a su hijo y que de eso ya se encargaba él en su casa. En el lado opuesto a estos casos de infantilismo paternal, están los clásicos de autoritarismo violento. Actualmente, son más escasos que los otros, pero todavía se dan. En más de un caso, y ante la tesitura de tener que llamar a casa de algún alumno, primero investigo sobre su situación en casa y, ante la sospecha de que el remedio resulte peor que la enfermedad, suelo abortar la operación. Entre esos dos extremos (el padre que considera una agresión cualquier intento de intervención educativa y el que responde con violencia a cualquier contratiempo escolar) se mueve buena parte del trabajo cotidiano de quienes nos dedicamos a la delicada tarea de enseñar. Quizá el problema de fondo, lo que revela casos como estos, cada vez más abundantes, sea que todavía no hemos logrado entender que educar es una tarea compartida y que, si es cierto que la escuela no puede sustituir a la familia, tampoco puede sustraerse de su obligación ética de formar personas capaces de convivir, dialogar y respetar a los demás. Nos encontramos ante un momento de progresiva fragmentación de las antiguas redes de solidaridad y de autoridad que durante siglos estructuraron la vida colectiva. Allí donde antes existían comunidades relativamente cohesionadas (familias extensas, vecindarios estables, vínculos intergeneracionales claros) hoy encontramos con frecuencia unidades cada vez más aisladas, frágiles y desconfiadas unas de otras. Incluso la propia familia nuclear, que durante buena parte de la historia ha funcionado como último núcleo de socialización primaria relativamente sólido, muestra signos evidentes de debilitamiento. En ese contexto, la escuela queda situada en una posición crucial. Por un lado, se le exige cada vez más: que enseñe conocimientos, que forme en valores, que compense desigualdades sociales y emocionales, que prevenga conflictos y sustituya carencias que antes se resolvían en otros espacios de socialización. Pero, al mismo tiempo, se cuestiona con creciente facilidad cualquier ejercicio de autoridad pedagógica, interpretándolo como intrusión o como abuso. Tal vez estemos entrando en un momento decisivo en el que la escuela se convierte, para muchos niños y adolescentes, en uno de los últimos lugares donde aún puede ejercerse una autoridad legítima: no la autoridad arbitraria ni violenta, sino esa forma de autoridad que nace de la responsabilidad, del conocimiento y del compromiso con la formación de los otros. Si esas formas de autoridad desaparecen también de la escuela, no sólo perderemos una institución educativa, sino también uno de los últimos espacios capaces de transmitir los hábitos que mantienen vivos los vínculos civilizatorios.