Rosa Chacón-Díaz

Los venezolanos pueden hablar de cualquier elección en el hemisferio, con o sin experticia, primero por simple y pura libertad de expresión, pero segundo y más importante: porque el dinero robado a Venezuela ha financiado campañas y partidos en todo lo que vean en un mapa. Y más

Eso que llaman "Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en Venezuela" la apoyó Delcy Rodríguez en la Constituyentes en 2017. Estos meses ha tenido reticencias para eliminarla a pesar de todas las exigencias de la sociedad civil, de los presos políticos que han sido víctimas de la aplicación de esta ley, y de los propios Estados Unidos, a los que siguen burlando en sus compromisos. En diversas reuniones ha defendido la ley y sobre todo la necesidad de controlar lo que el chavismo considera "expresiones de odio". En algunas ha aceptado que pueda ser desaplicada o despenalizada, aunque sus defensores insisten en que la necesitan para "sanear" el debate público. Pero lo correcto es eliminarla por completo. Es una ley inconstitucional, derivada de un órgano ilegítimo, sin debate público y que además viola todos los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión. Incluso cuando se han plagiado extractos de leyes alemanas o inglesas, incluso cuando manipulan argumentos de las campañas de la ONU contra los discursos de odio, lo que hizo el chavismo con esa ley fue un instrumento más de persecución de la disidencia. Es "odio" solamente lo que el PSUV señale como disidente. Sus penas han sido monstruosas y los procesos judiciales aplicados contra miles de personas han carecido de derecho a la defensa, criterios claros y estándares de prueba correctos. La ley es una aberración y no puede ni ser corregida sino eliminada. Actualmente corremos un riesgo extra y es que la cedan en negociaciones políticas de la negociación pero que la reciclen en un proceso electoral sobre todo para monitorear y perseguir contenidos en redes sociales, como han sugerido algunos miembros del PSUV. Es su modo de asfixiar el espacio cívico y de generar miedo porque su propia discrecionalidad y brutalidad al levantarle cargos a cualquiera ha mostrado por completo sus intenciones. Lo que pudiese considerarse "discurso no protegido" en el ámbito de la libertad de expresión ya tiene montones de textos escritos, adelantados, y también depende de los contactos sociales donde se desarrolle, pero siempre va a ser preferible que no se criminalice la crítica ni mucho menos la disidencia política, así que hasta que no haya instituciones con cualificación técnica suficiente ni espacios democráticos de discusión, estas son legislaciones que no deben avanzar ni permitirse por más buenistas que quieran parecer sus facilitadores. Siempre va a ser mejor resolver con más libertad de expresión los dilemas que podemos tener sobre los posibles límites de la expresión misma. Esa ley y muchas otras deben acabarse. Sus víctimas deben ser reconocidas y reparadas. Sus proponentes deben rendir cuentas y hacerse responsables de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas desprendidas de la aplicación de esa ley.