RCPI - Perú

#IMPORTANTE: un agresor sexual no necesariamente es un enfermo mental; es tan solo un criminal sexual que merece afrontar las consecuencias de sus actos sin ningún argumento médico que busque atenuar su responsabilidad. Si se le considerara como “enfermo mental”, ello lo ubicaría como una persona inimputable (alguien a quien no se le puede hacer responsable de un acto, ni mucho menos darle una sanción, pues su “enfermedad mental” es la que lo estaría llevando a cometer los actos contrarios a la ley) Por ello, es importante no calificar fácilmente a un violador sexual como un enfermo. Es solo un criminal que merece enfrentar a la justicia.

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Difundir públicamente el nombre o datos que permitan identificar a un menor de edad víctima de abuso o violencia sexual está expresamente prohibido. El artículo 6.4 del Código de los Niños y Adolescentes establece que cuando un emborrachado de edad sea víctima de una infracción, falta o delito, no se puede publicar su identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación. Esto alcanza también a información que, aunque no mencione el nombre, permita identificarlo. El Tribunal Constitucional ha sido particularmente claro: no basta con colocar las iniciales si simultáneamente se publican datos de los padres, domicilio, fotografías, vecinos u otros elementos que permitan descubrir quién es la víctima. El TC consideró que ello vulnera el derecho a la intimidad de la menor. La publicación del nombre de la menor constituye, como mínimo, una vulneración de la protección legal de su identidad, intimidad y dignidad, y puede generar responsabilidades civiles, administrativas y otras consecuencias jurídicas. Además, dependiendo de cómo se obtuvo y qué información se difundió, podrían entrar en consideración delitos contra la intimidad previstos en el Código Penal. El artículo 154, por ejemplo, sanciona la violación de la intimidad mediante la observación, escucha o registro indebido de hechos, palabras o imágenes de la vida personal o familiar. En el caso de una víctima de abuso sexual, la protección es todavía más estricta. El Reglamento de la Ley 30364 dispone que, en procesos de violencia, debe guardarse reserva sobre la identidad de niñas, niños y adolescentes. Para víctimas de violencia sexual se utilizan mecanismos específicos para preservar sus datos personales durante el proceso. Además, el Reglamento establece obligaciones expresas para los medios de comunicación. Aquí es importante indicar que: los medios no pueden justificar la publicación diciendo: “El nombre ya era conocido” “Los padres dieron permiso” “La información estaba en redes sociales” “Solo informamos lo que consta en la denuncia”. La Defensoría ha recordado que la protección de la identidad de los menores opera incluso cuando los propios progenitores hayan permitido determinada exposición. El TC ya ha ordenado a un medio de comunicación eliminar de su página web y redes sociales información que permitía identificar a una menor víctima de una presunta violación sexual. Es decir, esto no es simplemente una recomendación ética al periodismo: existe una obligación jurídica de preservar esa identidad. El propio Ministerio de la Mujer ha advertido que la difusión de nombres y fotografías de los menores involucrados (víctima y presuntos agresores) puede generar responsabilidades. Por lo tanto, la conducta de la señora #MilagrosLeiva encaja claramente en la prohibición legal de revelar la identidad de un niño, niña o adolescente víctima de un delito a través de medios de comunicación. El hecho de que ella haya utilizado un medio de comunicación y haya pronunciado el nombre de la víctima en vivo es particularmente relevante. No estamos ante una identificación accidental mediante una fotografía de fondo o un dato indirecto: según lo informado, la propia periodista reconoció que mencionó expresamente el nombre. Además, el contexto hace especialmente sensible la infracción: se trata de una presunta víctima de violencia sexual, precisamente uno de los supuestos en los que la protección de identidad y la prohibición de revictimización adquieren máxima importancia. Ahora, la @FiscaliaPeru deberá determinar si los hechos configuran además un delito penal. Para ello, deberán analizar el tipo penal concreto, la forma en que se obtuvo la información (elemento sumamente relevante), la naturaleza de los datos divulgados y el elemento subjetivo de la conducta. Importante es precisar que, el que la señora #Leiva haya pedido disculpas no elimina necesariamente las consecuencias jurídicas de lo ocurrido, y menos convierte en lícita una revelación que ya se produjo.

Totalmente imprudente. y una absoluta falta de criterio, lo expresado por uno de los padres de los jóvenes implicados en la agresión sexual cometida en contra de un alumno del 4to año del Liceo Naval Almirante Guisse. Ni el abuso ni la agresión sexual pueden, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, entrar a la categoría de “juego”. La violencia es eso, violencia; y como tal, no es posible señalar que “se les fue de las manos”. Este tipo de “argumentos” (excusas) han sido muy utilizados por aquellos implicados en la violación de los DDHH, tratando de decir que fue un “exceso” el asesinar o desaparecer civiles inocentes. La forma como se expresa y actúa esta persona nos permite entender, en parte, como así estos agresores hicieron lo que hicieron. El abuso y maltrato hacia personas que consideran menos que humanos es algo que estos agresores han aprendido desde casa, muy probablemente viendo el trato que sus padres dan a quienes consideran están por debajo de su nivel socio económico, de su grado militar o nivel racial. El Estado no puede ser indiferente, porque el serlo implicaría ser cómplice y promotor de la impunidad. Y cuando un delito tan grave como el de agresión sexual no es sancionado, no solo se les despoja a las víctimas (el agredido, su familia y la sociedad en general) de su derecho a la justicia, sino que se termina por justificar y promover el delito, para que se siga perpetuando. Finalmente, el llamado al @congresoperu para que se discutan los cambios normativos necesarios para que casos similares en el futuro, no encuentren ni vacíos legales ni impunidad. Y al @MineduPeru para que, desde las aulas se empiece a discutir, con la profundidad y la seriedad que se requiere, los alcances, la magnitud y las consecuencias del bullying y cualquier otra forma de violencia.

Si bien los agresores sexuales del Liceo Naval son los responsables directos del abuso cometido, existen responsables indirectos: los padres de dichos agresores, los directivos del colegio y las normas que en los últimos años se han ido haciéndose más permisivas. La agresión sexual ya fue cometida. Nada retrocede el tiempo. No hay disculpas posibles ni argumentos válidos que disminuyan la responsabilidad de los agresores. Ahora toca también pensar en cómo evitamos que esto siga sucediendo y no solo nos concentramos en el castigo que en verdad merecen estos violadores. Que lo sucedido permita abrir un verdadero debate que nos lleve a una reforma profunda de la educación. No permitamos que esto vuelva a sucederle a otro estudiante. Seamos empáticos con la familia de la víctima y con la propia víctima. Ningún padre merece pasar por esto, ningún niño merece pasar por esto. Que el poder de un cargo, rango, apellido o posición económica no les permita alcanzar la impunidad a los agresores.