Hay algo profundamente revelador en la manera tan distinta en que Juan Carlos I y Felipe VI han gestionado dos crisis migratorias con Marruecos separadas por 21 años y que, tanto por las acusaciones que suscitaron en España como por la utilización política y mediática de Ceuta y Melilla, presentan similitudes difíciles de ignorar. En 2005, cuando cientos de inmigrantes subsaharianos intentaron asaltar las vallas de Ceuta y Melilla y desde determinados sectores políticos españoles se acusó a Marruecos, como ocurre hoy, de utilizar la inmigración como instrumento de presión para avanzar sus reivindicaciones territoriales, Juan Carlos I no consideró necesario hacer declaraciones públicas sobre la soberanía española de ambas ciudades, ni buscó europeizar la crisis o convertirla en una cuestión que debía resolverse desde Bruselas. Hizo precisamente lo contrario, pues recurrió a la relación de confianza que había construido durante décadas con la monarquía marroquí y llamó tres veces al Rey Mohammed VI para contribuir a contener la crisis. Marruecos reforzó inmediatamente sus fronteras y aceptó incluso la readmisión de 73 inmigrantes en virtud del acuerdo bilateral de 1992, hasta entonces prácticamente inaplicado. Veintiún años después, Felipe VI parece haber optado por una concepción radicalmente distinta del papel que la Corona debe desempeñar en las relaciones con Marruecos. Al calificar ante Emmanuel Macron de «inaceptable» lo ocurrido en Ceuta, insistir en el carácter español y europeo de su frontera y reclamar una mayor implicación de Europa, el Rey no acusó en ningún momento a Marruecos, algo que conviene subrayar, pero sí abandonó la discreción que había permitido a su padre desempeñar durante décadas un papel de intermediario cuando las relaciones entre Madrid y Rabat atravesaban momentos difíciles. Y ahí reside el verdadero problema. Los gobiernos pasan, las mayorías parlamentarias cambian y las crisis entre Marruecos y España terminan, tarde o temprano, dando paso a nuevas etapas de cooperación. Precisamente por ello, uno de los mayores activos de la monarquía española había sido mantenerse por encima de esas turbulencias y conservar con Rabat un canal de confianza capaz de funcionar cuando los canales políticos estaban bloqueados. En 2005, cuando la crisis alcanzó su punto más delicado, todos sabían quién podía coger el teléfono y llamar a Rabat. Después de lo ocurrido en 2026, la pregunta que queda es mucho más incómoda: cuando llegue la próxima crisis entre Marruecos y España, ¿quién podrá hacerlo? Al parecer, ya nadie podrá hacerlo. España parece haberse dado cuenta de la poca sostenibilidad del modelo económico de ambos enclaves y de que Marruecos, como país soberano, ha decidido adoptar medidas encaminadas a proteger su propia economía y poner fin al contrabando del que durante décadas vivió una parte importante de la economía de Ceuta y Melilla. En lugar de adaptarse a esta nueva realidad y replantearse seriamente el futuro económico de ambas ciudades, España parece recurrir a todo tipo de argumentos para convencer a propios y extraños de que este modelo sigue siendo sostenible y de que el problema reside, una vez más, en Marruecos. Ahí reside, en realidad, el corazón del problema, así como buena parte de este nerviosismo español y del ataque de ansiedad que parece haberse apoderado de muchos sectores políticos y mediáticos del país. Porque lo que está cambiando no es solamente la actitud de Marruecos hacia Ceuta y Melilla, sino todo un modelo de relación fronteriza que España había dado por sentado durante décadas.