Salió el segundo número de El Atlas, mi nuevo newsletter. La pregunta de hoy: ¿es América Latina realmente la región más desigual del mundo?

LOS RECURSOS NATURALES SON DE LAS PROVINCIAS 1. La ley de glaciares es del año 2010, en estos quince años el Instituto Nacional (INAGLA) si bien realizó los inventarios (con muchas dificultades) fue incapaz de determinar en cada caso si un ambiente periglaciar "actúa como regulador del recurso hídrico" y por lo tanto debe estar protegido. En definitiva, nunca la ley se pudo aplicar integralmente. 2. Devolver esta competencia a la provincia es adecuado ya que será cada jurisdicción la que se hará responsable del manejo del recurso dentro de su territorio. Por supuesto que esto es correcto, ya que sus habitantes son los primeros beneficiados/afectados por las decisiones que se tomen. 3. El argumento "los estados provinciales no tienen los recursos técnicos" invalida cualquier actividad productiva como hidrocarburo, minería, etc, ya que en cada caso los estudios de impacto ambiental los aprueban organismos provinciales, también es la jurisdicción provincial la que tiene el poder de monitoreo y fiscalización. 4. El argumento "se retrocede con la idea de los presupuestos mínimos" por supuesto no es así. La ley se llama justamente "Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial", que haya una ley nacional implica un presupuesto mínimo. El hecho de que la provincia tenga mayores facultades en relación a la aplicación y control de la ley eso está perfecto, pero no quita que siga existiendo un presupuesto mínimo (una ley nacional). El presupuesto mínimo, de aplicación a nivel nacional, es "se prohiben actividades productivas en glaciares y ambiente periglaciar que regulen el recurso hídrico". No debe confundirse el concepto de "presupuesto mínimo" con quién es responsable de aplicar y asegurar el cumplimiento de tal presupuesto. 5. Los efectos interjurisdiccionales, cuando los haya (no parece ser el caso en la gran mayoría, estando los límites provinciales en general alejados de la cordillera), se deberán resolver por los canales correspondientes. Pero no es tampoco un argumento para que Nación intervenga en TODOS los casos, ya que el efecto interjurisdiccional es claramente muy minoritario. FIN