El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, le dio un golpe letal a la causa en la que se investigaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que generó una deuda de 57.100.000.000 dólares. En un llamativo dictamen cuestionó a sus colegas de las instancias inferiores por apelar el archivo del expediente y desistió del último recurso. Cuando un caso pierde impulso fiscal, va camino al cierre. En esta ocasión, es parte de los efectos de la reconfiguración libertaria de los tribunales de Comodoro Py, destinada a blindar a la derecha macri-mileísta. Desde un punto de vista formal, el eje argumental de Pleé es que la toma de deuda con el organismo de crédito es una cuestión política no judiciable. De todos modos dice que revisó la prueba obtenida y que “no se ha infringido norma penal alguna, de modo que no corresponde continuar con el trámite de las actuaciones”, dice su dictamen. Su postura es diametralmente opuesta a la del fiscal Franco Picardi, quien llevó adelante la investigación, y el fiscal ante la Cámara Federal, que había sostenido la apelación. En cambio, Pleé salió en defensa de los jueces que procuraron impunidad en esta causa –afines a Macri y hoy en sintonía con Javier Milei-- una de las más relevantes de los últimos años y con un enorme perjuicio económico implicado. La cadena de impunidad tuvo un punto de inflexión cuando a principio de año el gobierno de Milei desistió de ser querellante en esta causa (función que había asumido el gobierno de Alberto Fernández), con el argumento de que se trataba de una cuestión no judiciable. Fue una medida sincronizada con la jueza María Eugenia Capuchetti que ordenó archivar el caso. El fiscal Picardi apeló. A comienzos de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal confirmó la resolución de la magistrada. Fue justo después de la designación en esa sala de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Bertuzzi había ocupado ese cargo a dedo, por un traslado decidido por Macri, desde 2018. Milei lo blanqueó, después de subirlo 21 lugares en el concurso. Yadarola subió 17. Este último no firmó el fallo por la deuda, ya que se tomó licencia. En cambio, lo hizo Mariano Llorens. El fiscal de Cámara José Agüero Iturbe respaldó el reclamo de Picardi y pidió anular la resolución de los camaristas. Pero cuando llegó el turno de Pleé, no solo no sostuvo el recurso sino que cuestionó a sus colegas. “Era claro que los tribunales intervinientes habían considerado que las pruebas desarrolladas no bastaban para otorgarle el grado de verosimilitud requerido para el avance de las actuaciones”, dijo, y señaló que los fiscales no especificaron qué medidas pendientes permitirían completar la investigación. Pleé sostuvo que no tiene elementos para señalar beneficios indebidos, ni circulación de información privilegiada ni quiénes se beneficiaron con el endeudamiento y la fuga. Remató: “no encuentro fundamentos para sostener que la investigación sobre los hechos del caso se encontrara incompleta ni que haya sido clausurada de manera prematura”. Su dictamen es una defensa encendida de los fallos de la Cámara Federal y de Capuchetti. “La acusación que los fiscales que actuaron ante las instancias anteriores –concluyó-- procuran sostener consiste en la indagación sesgada sobre las consecuencias de la adopción de aquel modelo”. Salvo que suceda algo excepcional, la causa va camino al archivo que, sólo “hechos nuevos” podrían modificar.