Presenté una cautelar en el Poder Judicial de Bariloche luego de que impidieran mi ingreso al Centro Atómico Bariloche el pasado 11 de mayo, en primera instancia, y luego el 31 de agosto. El CAB es el lugar en el que me formé y trabajé durante más de 30 años, y donde sigo trabajando como asistente de tesistas y como Investigadora Principal del CONICET en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN)-Nodo Bariloche. Las autoridades reconocieron que la baja de mi credencial y, en consecuencia, la prohibición de mi ingreso responden a una orden del presidente de la CNEA, Martín Porro, y no a una resolución administrativa tomada formalmente por dicho organismo. Esta semana la justicia me notificó que resolvió dar lugar a la cautelar y exigirle a la CNEA que me permita el acceso al CAB. Qué lejos de la palabra libertad queda que un funcionario público use su poder para negarle el acceso a una institución a una trabajadora que no piensa como él y que discute sus políticas. Soy consciente de que este hecho no se acerca al nivel de hostigamiento que sufren las y los trabajadores que siguen cumpliendo tareas en el CAB y la CNEA en general y que, como yo, cuestionan la actual gestión y reclaman contra la política científica de este gobierno. Sin embargo, tengo la certeza de que no debemos normalizar comportamientos arbitrarios y restrictivos como este. El CAB fue mi casa por muchos años y acompañar a personas que cuentan conmigo para su formación es una responsabilidad que tengo el deber y el compromiso de cumplir. ¿Es eso acaso un delito?