Armenta puede ser el próximo Rocha Moya Por Luis Cárdenas Ha pasado más de un año desde que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, pisó Estados Unidos. Fiel a su costumbre de escándalos y desatinos, viajó en un avión privado a Nueva Jersey, supuestamente para acompañar a un familiar hospitalizado. La suerte de Armenta ha cambiado brutalmente desde entonces. En aquellos días, su mayor preocupación eran los escándalos ligados a su vida de lujo y exceso. Su hybris, su desconexión con la realidad al grado de hablar con su perro y sentirse un pequeño emperador que trata con desprecio a colaboradores y allegados. Sin embargo, desde aquellos días, Estados Unidos ha emprendido una ofensiva contra las organizaciones terroristas mexicanas. Los cambios ya están plasmados en documentos oficiales sobre seguridad nacional, combate al narcotráfico y financiamiento del terrorismo, que vieron sus primeras acciones en abril, cuando el Departamento de Justicia acusó formalmente a Rubén Rocha Moya y a otros altos funcionarios de Sinaloa por sus presuntos vínculos con el narco. Bajo este cambio en las reglas del juego, existen sospechas fundadas y expedientes que podrían derivar en investigaciones formales contra el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. De acuerdo con una fuente vinculada al caso a la que pude tener acceso, el expediente contra Armenta apunta a un presunto financiamiento ilegal de su campaña con recursos provenientes del tráfico de combustible, huachicol, de la delincuencia organizada. Apenas el pasado 12 de octubre, escudándose en la “prudencia”, Armenta justificó que no se haya detenido a Antonio Valente Martínez Fuentes, alias El Toñín, señalado desde hace años como líder huachicolero de la región. El Toñín también ha sido relacionado con la masacre de Palmarito Tochapan, donde en mayo de 2017 murieron diez personas en un brutal enfrentamiento, incluidos cuatro soldados. Su hija, Guadalupe Martínez Gerardo, es la actual alcaldesa de Quecholac. Su hermano, Alejandro Martínez, también fue alcalde, pero terminó detenido en 2021 y liberado mediante un amparo en 2023. Quecholac forma parte del llamado Triángulo Rojo, una región históricamente marcada por el huachicol. Tan solo en 2016 se detectaron allí 138 tomas clandestinas de combustible. Y en 2025, Puebla registró 453 tomas ilegales de gas LP, el primer lugar nacional. Días antes de la negativa de Armenta para detener al Toñín, Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, había lanzado una advertencia contra los funcionarios que colaboran con los cárteles: “No nos importa si eres el gobernador [...] vamos a ir tras de ti y nos vamos a asegurar de que pagues el precio”.