El celo por preservar el expediente de Rocha es tal que la Cancillería y la FGR también blindaron los datos judiciales, mensajes y solicitudes de EU sobre el caso, con advertencia de cárcel para quien filtre cualquier información del caso. Hay que remarcar que, una parte del blindaje de información, suele concentrarse en la que se entrecruzan los intereses de morenistas y sucesos vinculados al crimen organizado: ajá, no sólo es el caso de Rocha y Zambada. El periodista Héctor de Mauleón reveló ayer que, sólo tres días antes del fin del mandato de López Obrador, Audomaro Martínez, su jefe de Inteligencia, ocultó su declaración patrimonial hasta septiembre de 2029. Y la periodista Peniley Ramírez localizó registros públicos que revelan que la esposa y el hijo de Martínez crearon una empresa de seguridad que recibió 500 millones de pesos en contratos federales del gobierno. A saber, una docena de compañías del negocio de los combustibles, pertenecientes a la familia Martínez, operaron en varios estados donde el tráfico de combustible robado a Pemex alcanzó niveles sin precedentes. Desde 2018, Morena diseñó una nueva definición de transparencia de la información y blindó mucho, desde las megaobras de López Obrador, hasta políticos del partido, vinculados con presuntos hechos de corrupción. La estrategia se encarreró cuando en 2021 López Obrador decretó reservadas, por “seguridad nacional” las obras del Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles… Hoy, 90 mil 33 archivos tienen el rótulo de “información reservada”.