En septiembre de 2017, en Soccerex, en Manchester, denuncié públicamente algo que llevaba tiempo preocupándome: el llamado dopaje financiero en el fútbol europeo. Hablé del Manchester City y del PSG. De clubes cuya capacidad económica no procedía únicamente de su actividad ordinaria, sino también del respaldo de enormes recursos externos. De patrocinios cuya valoración considerábamos alejada de la realidad de mercado. Y de las consecuencias que ese modelo podía provocar en todo el ecosistema: inflación de salarios, fichajes y costes que después terminaban soportando también los demás clubes. Decirlo tuvo consecuencias. El Manchester City calificó públicamente mis declaraciones de “ill-informed” y “pure fiction” y anunció que estaba estudiando acciones legales contra mí. No fue agradable. Tampoco fue la primera ni sería la última vez que defender determinadas posiciones me genera amenazas, críticas y muchos disgustos. Pero tres años después ocurrieron cosas que conviene recordar. En febrero de 2020, UEFA sancionó al Manchester City con dos temporadas fuera de sus competiciones y una multa de 30 millones de euros después de concluir que se habían producido graves infracciones de las reglas de control financiero, entre ellas cuestiones relacionadas con la presentación de determinados ingresos por patrocinio. Después llegó el TAS. En julio de 2020 dejó sin efecto la exclusión europea. Parte de las conductas fueron consideradas prescritas y otras no suficientemente acreditadas con el estándar de prueba exigido. Sí mantuvo que el Manchester City había incumplido su obligación de cooperación con la investigación de UEFA y confirmó una sanción económica, reducida a 10 millones de euros. Nunca compartí aquella “extraña” resolución. Para mí supuso un antes y un después en la credibilidad del TAS como órgano arbitral independiente del deporte. Me pareció una decisión profundamente equivocada, extraordinariamente dañina para la credibilidad del sistema de control económico del fútbol europeo y difícil de conciliar con un principio que considero esencial: las mismas reglas deben aplicarse a todos. Por eso, cuando recuerdo aquella intervención de 2017 y todo lo que vino después, no lo hago para decir “ya lo advertí”. Lo hago porque esta historia explica bastante bien una batalla que llevo muchos años librando. La sostenibilidad económica no es burocracia. El control financiero no es un capricho. Y defender que los clubes compitan fundamentalmente con los recursos que son capaces de generar tampoco significa estar contra ningún club concreto. Es defender un modelo. Un modelo en el que el éxito deportivo no dependa de quién tenga detrás el respaldo financiero más poderoso, sino de quién gestione mejor, genere más recursos, construya mejores equipos y respete las mismas reglas que los demás. Defender esta posición me ha costado muchas críticas y no pocos disgustos. Pero sigo pensando exactamente lo mismo que en Manchester en 2017. Hay principios que merece la pena defender aunque tengan un coste. Y este, para mí, es uno de ellos. Ahora, casi nueve años después de aquellas palabras en Soccerex, una comisión independiente de la Premier League ha considerado probadas, según las informaciones publicadas, 114 de las 115 infracciones financieras imputadas al Manchester City. Todavía queda camino. Falta conocer la sanción y el procedimiento no ha terminado. Pero lo ocurrido vuelve a demostrar por qué el control económico, la transparencia y unas reglas iguales para todos son imprescindibles para proteger la integridad y la sostenibilidad del fútbol. Seguiremos defendiendo esos principios. Como en 2017.