Juan de la Parra

Riva Palacio, ante falta de pruebas, desentierra muertos Raymundo Riva Palacio publicó hoy (30 de octubre de 2026) en El Financiero la columna Un tanque de dinamita. Ahí, a partir de la detención de Iván Cazarín (“El Tanque”), construye una cadena que termina involucrando a José Alfredo Pérez Astorga, exadministrador central de Fiscalización del SAT, y, a través de él, a la familia López Hernández. El problema no es que investigue. El problema es que arma una red y, para sostenerla, calumnia a una mujer ejemplar que murió en junio de 2024 y que ya no puede defenderse. Rosalinda López Hernández fue Administradora General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018 y concluyó el 16 de febrero de 2024, para postularse como candidata de Morena a la senaduría por Tabasco, elección que ganó. Falleció el 5 de junio de 2024, a los 56 años. Riva Palacio, acostumbrado a enlodar honras para validar sus narrativas, escribe que Pérez Astorga “respondía a” ella, que era su brazo derecho y que, como intermediario de la familia, “trabajaba con Melchor López Hernández”, quien “coordinaba acciones oscuras con Rosalinda”: ella dejaba asuntos “en tránsito” por evasión o en litigio y Melchor los resolvía en las oficinas del SAT en Guadalajara y León. A partir de ese “negocio”, Adán Augusto y Rutilio Escandón habrían diseñado un mecanismo de financiamiento para empresas que sirvieron de matriz al huachicol fiscal. Además, Pérez Astorga se habría convertido en el “cancerbero” de las redes de protección de los hermanos López Hernández y la familia López Obrador, involucrándose en escrituras de empresas del CJNG a través de “El Tanque”. Todo eso lo afirma citándose a sí mismo; la fuente de su novela es el mismo Raymundo Riva Palacio: “En este espacio publiqué en octubre del año pasado…”. No aporta oficios, actas, contratos, testigos identificables, carpetas de investigación, resoluciones del SAT, informes de la UIF ni denuncias formales. No nombra una sola empresa concreta de esas “acciones oscuras”, ni un solo caso específico dejado “en tránsito”, ni un solo documento protocolizado en la Notaría 13 de Melchor que demuestre la coordinación criminal que describe. Es la misma técnica que ha usado en columnas anteriores sobre Adán Augusto: “presuntos”, “fuentes”, “investigaciones de Estados Unidos”, “detalles a los que se ha tenido acceso”. Cuando se ha revisado el registro público de la OFAC u otros anuncios oficiales, no aparece el cerco que él anuncia. Aquí ocurre lo mismo: se inventa el entramado y se le cuelga a una mujer que ya no puede contestar. Utilizar a una persona fallecida para sostener una falsa narrativa no es periodismo de investigación. Es lo más bajo, miserable y vil en lo que un periodista que se ostente como tal puede caer. Es calumniar a quien ya no puede demandar ni responder. La familia, los colegas y el propio Adán Augusto han tenido que cargar con acusaciones que, en este punto concreto de la “coordinación notarial-SAT”, no están sustentadas en documentos públicos ni en investigaciones oficiales abiertas que Riva Palacio cite. El patrón es conocido: Riva Palacio no investiga: dibuja un mapa de vínculos. Conecta a “El Tanque” con Pérez Astorga, de Pérez Astorga con Rosalinda López Hernández (fallecida en junio de 2024), de Rosalinda con Melchor y Adán Augusto, de ellos con las notarías, de las notarías con factureras, de las factureras con el CJNG, de todo eso con los López Beltrán y de ahí con Washington. Cada flecha es una inferencia. Ninguna tiene oficio, acta, carpeta o documento público que la sostenga. Es la novela del tanque de dinamita: se construye con proximidad familiar, cargos anteriores y una detención reciente, y se presenta como red criminal orgánica. Dinamita que le terminó, como siempre, explotando en sus propias manos. (1-2)