Javier Martinez

El ejemplo de Polonia, donde a partir de 2015 un gobierno de ultraderecha se hizo con la Fiscalía, el TC y modificó el CGPJ para que todos sus vocales fuesen elegidos por los políticos (con las consiguientes sanciones europeas), desarma los argumentos maniqueos de quienes, aquí en España, quieren deslegitimar la defensa del Estado de Derecho presentándola como una lucha contra la izquierda política. No se trata de una cuestión ideológica. Ni la izquierda ni la derecha están libres de las ansias de acumular poder. Cuando esa acumulación se fragua, el poder judicial molesta, en tanto es el dique de contención frente a los abusos y excesos de poder. Tratar de controlar el poder judicial y, a la vez, deslegitimar a quienes lo ejercen (por ejemplo, acusándolos de hacer política) son pasos necesarios en ese propósito. Ya lo sufrieron los jueces polacos. Por estar dentro del sistema, los jueces somos espectadores privilegiados de esos pasos hacia el control absoluto y la impunidad. Por ello tenemos el deber ético de denunciarlo, vengan de quién que vengan. Y cuando lo hacemos, advertimos a la sociedad como jueces, sí, porque conocemos el percal, pero lo hacemos preocupados como ciudadanos. Lo que está en juego no es algo de los jueces, sino que es patrimonio de toda la sociedad. #CallarseNoEsUnaOpción