Jordi Ibiza

La resiliencia no es política de seguridad: es la coartada de la desidia La #resiliencia existe. Los seres humanos poseemos una capacidad notable para adaptarnos, reorganizarnos y levantarnos tras un golpe severo. Pero la resiliencia no puede ser una estrategia de gestión de riesgos. No suple el cumplimiento de las normas urbanísticas, un mantenimiento serio de la red pública ni unos procedimientos que respondan adecuadamente cuando un sistema entra en modo de contingencia. Tras más de tres décadas al frente de un departamento de #ProtecciónCivil gestionando emergencias por inundaciones,temporales e incendios, he aprendido a distinguir lo que muchos mezclan a propósito: la capacidad de superación de las víctimas y el uso de la palabra “resiliencia” como coartada institucional para eludir responsabilidades. Cuando las instituciones apelan a la “resiliencia ciudadana” tras una catástrofe evitable, la palabra se convierte en cinismo. Ocurre cuando se permite construir en cauces o infraestructuras inundables, como vimos en Biescas en 1996, en la Vega Baja en 2019 o en la devastadora DANA de Valencia de 2024. Desde Protección Civil, cuando detectamos un riesgo, nuestra obligación moral y profesional es hacer lo posible y lo imposible para forzar las medidas correctoras necesarias; no nos vale mirar hacia otro lado. Sin embargo, cuando la planificación y el urbanismo preventivo se ignoran,no se le puede pedir luego entereza a quien lo ha perdido todo. Eso no es gestión del #riesgo: es descargar sobre la víctima la negligencia de la Administración. Esta dinámica la vemos hoy sobre los raíles. Los accidentes de Adamuz y el descarrilamiento de Gelida a principios de este año ya mostraron las costuras de la red. La reciente tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo, con 69 fallecidos y más de un centenar de heridos, confirma este patrón. Pasados los primeros días de rescate, la identificación de las víctimas y el duelo de familias y amigos, la maquinaria oficial ya se ha puesto en marcha con el guion habitual: discursos sobre la fortaleza de los supervivientes, alabanzas a la respuesta solidaria de la sociedad y comparecencias públicas para anunciar paquetes millonarios de indemnización. Como si las ayudas a golpe de decreto fueran el paracetamol que anestesiara la negligencia. En la alta velocidad ferroviaria el diagnóstico es todavía más sangrante. No estamos ante una catástrofe natural donde exista un riesgo poco previsible. Estamos ante un sistema cerrado, diseñado con múltiples capas de protección superpuestas precisamente para que un fallo técnico no termine jamás en una colisión mortal. Cuando esas capas se rompen en cadena, primero la tecnología de señalización, después la supervisión en el puesto de mando, el problema no es la falta de resiliencia de la sociedad. Es un fallo severo de fiabilidad, de procedimientos, de mantenimiento, de formación y de cultura de seguridad. Llegados a este punto, el mejor homenaje a quienes han perdido la vida y a quienes sufren secuelas no es la retórica de la superación ni el cheque de urgencia. Es la exigencia firme de que los sistemas, los mapas de riesgo y los protocolos funcionen para que estos eventos sean, sencillamente, imposibles. Las personas seremos resilientes o no según nuestras circunstancias personales y nuestros recursos emocionales. En cualquier caso, las instituciones no tienen derecho alguno a pedir resiliencia: tienen el deber innegociable de hacer bien su trabajo antes, para que nadie tenga que demostrarla.