Qué predecible es el universo de los prejuicios de cierta izquierda. Basta con que alguien ataque una jurisdicción que detestan para que, de repente, se convierta por arte de magia en “jurista”. Cristina de la Torre reproduce las acusaciones de Catalina Díaz contra la Justicia Penal Militar como si fueran verdades reveladas. Pero una magistrada no adquiere la razón por vestir una toga. Mucho menos cuando sus declaraciones permiten cuestionar la apariencia de imparcialidad que debe preservar frente a quienes juzga. La justicia no admite sospechas colectivas, culpabilidades heredadas ni prejuicios ideológicos convertidos en doctrina jurídica. La independencia judicial exige prudencia, objetividad y ausencia de prejuzgamiento. Robinson O. Everett, él si un jurista, eminente profesor de Derecho de Duke y presidente de la Corte de Apelaciones Militares estadounidense, defendió una justicia militar que reconociera la singularidad de la profesión castrense sin sacrificar las garantías constitucionales del acusado. Su pensamiento jurídico permite comprender que la disciplina, la obediencia jerárquica, los deberes funcionales y las circunstancias excepcionales del servicio justifican una jurisdicción especializada, capaz de valorar conductas dentro de su contexto militar. La especialidad no constituye un privilegio ni una presunción de inocencia reforzada, sino una exigencia de competencia jurídica y debido proceso. El militar tiene derecho a ser juzgado por sus actos, con pruebas individualizadas, presunción de inocencia y un tribunal imparcial que garantice además, el derecho al Juez Natural. Señora De la Torre, la animadversión no constituye jurisprudencia ni el prejuicio sustituye la prueba. Si la ideología decide anticipadamente quién es culpable, el derecho deja de administrar justicia y comienza a administrar condenas en un clima de animadversión y política y no en un entorno de justicia y garantías.

¿Por qué la JEP no ha expulsado del Sistema a los miembros del Secretariado de las FARC que incumplieron su obligación de reparar a las víctimas? De acuerdo al 10 Informe de Seguimiento al Acuerdo de Paz de la Contraloría, las FARC no entregaron el 81.8% de los inmuebles y 96.5% de los muebles que se habían comprometido a dar. Esto, sin contar los bienes que ocultaron y no reportaron. ¿Dónde está el dinero de las FARC? ¿El Acuerdo se convirtió en la operación de lavado de activos más grande de la historia? El Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley Estatutaria de la JEP establecieron que los comparecientes tenían la obligación de reparar a las víctimas, so pena de perder los beneficios. Pero parece que a la JEP esa salvedad no le gustó. Después de tener una fortuna de US$600 millones en 2014, las FARC solo entregaron bienes por $46.194 millones para reparar a las víctimas. Una burla más que no ha castigado este Tribunal hecho a la medida de las FARC. Con razón Victoria Sanguino estaba en el plantón respaldado la JEP. Además, el Departamento de Justicia afirmó que Maduro habría negociado con las FARC la entrega de explosivos a cambio del pago de una deuda. ¿Esto lo contaron en las versiones anteriores la JEP? Dejar de aportar información completa también conlleva a la exclusión. Aunque a la JEP le moleste, los colombianos sí tenemos derecho a exigir rendición de cuentas a la Justicia Transicional. #JEPExpulseAlSecretariado

¿Puerta giratoria en la JEP? Harvey Danilo Suárez, Secretario Ejecutivo y encargado de la contratación de la entidad, antes de estar vinculado a la JEP tuvo 11 contratos entre 2006-2018 con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD de acuerdo a la información que él mismo publicó en el SIGEP. Recordemos que la JEP ha firmado 22 convenios con el PNUD por $182.120 millones por derecho privado, a dedo, que explican en buena medida el interés de la ONU por mantener intacto el presupuesto de la entidad. ¿Suárez informó de este posible confilcto de interés antes de entregarle al PNUD $182.120 millones? Siguen surgiendo dudas sobre el manejo de la JEP y las explicaciones brillan por su ausencia.

¿Se acuerdan que hace dos días la ONU pidió que no se recortara el presupuesto de la JEP para 2027? Pues bien, no hay almuerzo gratis... Entre 2018-2026 la JEP firmó 22 convenios de cooperación internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- que nos han costado a los colombianos $182.120 millones. La ONU, por transparencia, debió informar a la opinión pública que tenía un evidente conflicto de intereses al solicitar que no se disminuyeran los recursos de la JEP. Además, para "suavizar" las cifras, en estos convenios el PNUD se comprometió a aportar $132.943 millones, pero casi siempre en especie. Es decir, el costo real lo terminaron asumiendo los contribuyentes. La JEP debería ser más inteligente y no pedirle respaldo a su mega-contratista favorito.

El derroche de la JEP en contratos de arrendamiento no para. Además de haber contratado el edificio "Torre Squadra" por $160.005 millones entre 2017-2026, incluyendo los primeros contratos suscritos por el Fondo Colombia en Paz, en 2024 la JEP contrató una SEGUNDA SEDE por $10.730 millones entre 2024-2026. Recordemos que la Agencia Virgilio Barco justificó la elección de "Torre Squadra" en 2017 porque la JEP debía funcionar en una sola sede, razón por la que descartaron otras opciones más baratas que incluían varios edificios. Pero, en últimas, eso terminó pasando. La JEP argumentó que su planta de personal había crecido a 1.455 personas en 2024, por lo cual debían ubicar los 402 cargos sobrantes de la Unidad de Investigación en otra sede. En 2017, cuando la Agencia Virgilio Barco seleccionó "Torre Squadra" proyectó una nómina de 1.057 personas. Esta es una dinámica perversa con los recursos públicos: dispararon la nómina para justificar la contratación de una nueva sede. Para haber terminado fraccionados, se hubiera podido elegir desde el inicio una sede principal más barata y distribuida en varios edificios, como ocurre con gran parte de las entidades del Estado. Y aún así tienen el descaro de poner el grito en el cielo por un recorte de $170.000 millones para 2027.

Además, es completamente falso que la JEP no pueda funcionar con el recorte de $170.000 millones que realizaron las Comisiones Económicas. Sencillamente tienen que dejar de vivir como reyes y quitar los excesos. A corte de 1 de enero - 30 de junio de 2026 han gastado de recursos de inversión: * $40.149 millones en contratistas financiados (burocracia escondida) * $39.721 millones en servicios que no están discriminados en los estados financieros * $933 millones en tiquetes * $848 millones en viáticos y gastos de viaje * $389 millones en comisiones al exterior * $67 millones en materiales y suministros * $53 millones en publicaciones y afiliaciones Sumado a esto, para todo 2026 tienen presupuestados para funcionamiento: - $404.477 millones en nómina - $1.901 millones en personal supernumerario (más burocracia) - $178.157 millones en adquisición de bienes y servicios Para cubrir los $170.000 millones del recorte, sencillamente necesitan: - Recortar en 10% el gasto de nómina y personal supernumerario. Liberan $40.637 millones. - Recortar en 50% los gastos de adquisición de bienes y servicios. Liberan $89.078 millones. - Recortar en 50% los gastos suntuosos financiados con recursos de inversión (contratistas, viajes, viáticos, publicaciones, etc.). Liberan $41.082 millones. No es necesaria ninguna conducta que pretenda intimidar a los miembros de la Fuerza Pública, dedicarse a agenda de lobby ni generar pánico en medios. Le JEP puede funcionar perfectamente con el recorte. Sencillamente tienen que apretarse el cinturón, darse cuenta que no son una república independiente, que el país pasa por una situación fiscal crítica y que deben concentrarse en administrar justicia sin sesgo ideológico, con el respeto a las garantías y sin distracciones turísticas. #DatoMataRelato