Con la salvedad adicional de que no concurren los criterios de extraordinaria y urgente necesidad. Ni tampoco en los propios decreto-ley. Nos hemos acostumbrado a que nos hurten el debate parlamentario acogiéndose a la indeterminación o la ambigüedad que el legislador dejó, en muchos casos deliberadamente, para poder responder a situación excepcionales —ningún procedimiento puede dictarse de forma que responda de forma fiel a la intención de quien lo dicta, por eso mismo existe el indulto—. E incluso cuando no existe tal ambigüedad, como en el caso de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, simplemente por no estar definida cual es la sanción que conlleva el incumplimiento. Y ahí es donde estamos hoy. La política ha asumido que no existen límites morales autoimpuestos, y que la única barrera que puede interponerse entre ella y sus deseos es el código penal.