#Voces | La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia presentó reparos al proyecto de Estatuto Antiterrorista impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella y pidió revisar los mecanismos previstos para identificar a organizaciones y actores considerados terroristas. Entre las preocupaciones está que la inclusión en una lista oficial no se convierta, por sí sola, en prueba suficiente de responsabilidad penal. Las observaciones fueron expuestas durante la discusión del proyecto en el Consejo Superior de Política Criminal. Según los reportes sobre la sesión, la Corte planteó cuestionamientos técnicos a dos componentes de la iniciativa: la creación de un listado oficial de organizaciones criminales y la figura de un alto comisionado contra el terrorismo. El proyecto contempla un registro de organizaciones y actores señalados como terroristas, que podría derivar en medidas como el congelamiento de activos y restricciones para contratar con el Estado. Sin embargo, juristas han advertido que el mecanismo debe contar con reglas claras, procedimientos verificables y garantías para que las personas u organizaciones incluidas puedan controvertir la decisión. La discusión gira en torno a cómo combatir a las estructuras criminales sin debilitar el debido proceso ni trasladar a una decisión administrativa la determinación de culpabilidad, que corresponde establecer a las autoridades judiciales con base en pruebas. Aunque el Estatuto Antiterrorista recibió mayoría favorable en el Consejo Superior de Política Criminal, los reparos de la Corte Suprema y de la Defensoría del Pueblo muestran que aún hay asuntos jurídicos por resolver antes de que avance su trámite legislativo.