Javier Jules

Más sobre la MASACRE del PALACIO DE JUSTICIA : El 7 de noviembre de 1985, la DIJIN-Dirección de Policía Judicial e Investigación de la Policía Nacional- firmó esta orden. En ella aparecen, con nombre y apellido, magistrados, empleados del Palacio y personas señaladas como integrantes del M-19. Al final, escrito a mano, aparece el nombre de Carlos Horacio Uran- Magistrado Auxiliar, junto al de otros magistrados así señalados ahí: De la Corte Suprema de Justicia : Manuel Gaona Cruz, magistrado. Luis Horacio Montoya Gil, magistrado. Del Consejo de Estado : Luz Stella Bernal Marín: magistrada auxiliar. Lizandro Juan Romero Barrios: Aux. Consejo. Aura María Nieto de Navarrete: Aux. Consejo. Es decir, ese mismo día, 7 de nov, sabían quiénes eran. Pero en el acta de levantamiento, Carlos Uran figuraba como «N. N., hombre». Y su cuerpo, como el de otros magistrados, fue a parar como N. N. al cuarto de Medicina Legal que llamaban «el de los guerrilleros». Algunas familias recibieron cuerpos que no correspondían a sus familiares y otras no recibieron nada. La orden, además, mandaba sacarles "buena información" a las familias que llegaran a reclamar. ¿Por qué ocultar la identidad de quienes ya estaban identificados? ¿Para borrar las marcas de tortura, el disparo con arma de la fuerza publica y los indicios de intento de ahumamiento? ¿Quién lo decidió? No creo que fuera la guerrilla, precisamente. Aquí un poco más de información para quienes no quieren ver. 👇🏽 como el @CentroMemoriaH

Si quienes tenían las armas del Estado no los sacaron del Palacio de Justicia fue porque el Plan Tricolor 83, que recibieron la orden de seguir, no contemplaba rescatar a los civiles, a pesar de que su deber constitucional era proteger sus vidas. El objetivo era destruir el edificio y acabar con los guerrilleros, aun a costa de la vida de personas inocentes. El audio 👇🏽👇🏽de las conversaciones entre militares deja claro que sabían dónde estaban seis personas, entre ellas Carlos Uran. Y aun así los dejaron a su suerte. Algunos sobrevivieron durante 28 horas al terrorismo de la guerrilla y al de los militares. Pero cuando finalmente lograron salir del Palacio, el Estado decidió actuar, pero para torturarlos, ejecutarlos y desaparecerlos. Como si no fuera poco, varias familias recibieron de Medicina Legal cuerpos que ni siquiera correspondían a sus familiares. Y solo más de veinte años después se enteraron de ello. ¿Qué clase de Estado hace algo así? ¿Qué clase de seres humanos son quienes, desde puestos de responsabilidad política y militar, han preferido callar durante todos estos años? ¿Qué clase de colombianos son los que justifican que esto suceda a otros colombianos? Ninguna justificación vale. Hace 41 años muchos de nosotros estábamos en las misas fúnebres o buscando cuerpos. Esta mancha en la historia de Colombia solo se podrá limpiar cuando se reconozca los que pasó y sintamos vergüenza de que pasen estas cosas en el país. @Bartelbyl Nicolás Montero representa magistralmente a Carlos Uran en este segundo video, realizado hace ya más de diez años. @mindefensa @ABDELAESPRIELLA @petrogustavo @SaninNoemi @CentroMemoriaH @consejodeestado @CorteSupremaJ @JEP_Colombia @CorteIDH