Frente a las declaraciones de Salvatore Mancuso y Angie Rodríguez : No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político. Hay algo que no se puede pasar por alto. La Mesa con los antigüos comandantes de las autodefensas no nació a escondidas. Su funcionamiento fue establecido mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, un acto público que tenía como propósito avanzar en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el cierre de un proceso de paz que comenzó hace más de veinte años. Esa misma resolución contempló la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo como invitados permanentes, precisamente para acompañar y vigilar lo que allí ocurriera. Fueron convocadas esas instituciones? ¿Estuvieron presentes sus representantes? ¿Qué dicen las actas? Y si alguien conoció una presión indebida, ¿por qué no acudió inmediatamente a las autoridades? Que se conozca todo. Que aparezcan las actas, las comunicaciones, las grabaciones y los nombres de quienes participaron. Yo no necesito que nadie invente acusaciones contra Álvaro Uribe ni contra ninguna otra persona. Colombia tiene una historia de violencia demasiado dolorosa como para jugar con la verdad. Durante décadas, miles de víctimas han esperado saber quién ordenó las masacres, quién financió a los grupos paramilitares, quién se benefició de sus crímenes y quiénes estuvieron detrás de tanto sufrimiento. Esas víctimas merecen respuestas, no espectáculos políticos. Si alguien utilizó un espacio de paz para presionar testimonios o fabricar acusaciones, que responda ante la justicia. Pero si alguien pretende atribuirme una orden que no he dado, también tendrá que responder por sus afirmaciones. No se puede condenar a una persona porque un tercero diga que actuaba en su nombre. Las responsabilidades se demuestran con pruebas, no con rumores. He defendido durante toda mi vida la necesidad de que Colombia conozca su historia, incluso cuando esa verdad incomoda a quienes han tenido el poder. No voy a renunciar a esa convicción. Que se investigue todo, que se escuche a todos y que no se esconda una sola prueba. No le tengo miedo a la verdad. Lo que no acepto es que se utilice la mentira para destruir a una persona, ni que se utilice la política para impedir que Colombia conozca lo que realmente ocurrió. La verdad les pertenece a las víctimas y al pueblo colombiano. No a un gobierno, no a un partido y mucho menos a quienes quieran utilizarla para sus propios intereses.

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