Estos son los ocho argumentos formulados en el Amparo en Revisión 269/2025 sobre desplazamiento forzado del @Consejo_Litigio. 1. El derecho a no ser desplazado forzadamente tiene reconocimiento convencional. La Corte Interamericana, al interpretar el artículo 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), reconoció que la libertad de circulación y residencia comprende la protección frente al desplazamiento forzado interno. 2. La obligación de actuar deriva de un tratado internacional vinculante. Los artículos 2 y 22.1 de la CADH constituyen, conforme a nuestra argumentación, la fuente de la obligación estatal de adoptar medidas legislativas, administrativas y de política pública para garantizar ese derecho. 3. Estamos ante una omisión legislativa absoluta de ejercicio obligatorio. Sostenemos que existe un mandato convencional incumplido. El Congreso tiene libertad para determinar el contenido de la legislación, pero no para decidir si cumple o no su obligación de garantizar los derechos. 4. El control de convencionalidad es indispensable. La autoridad judicial debe analizar las omisiones a partir de la Constitución, los tratados internacionales y la interpretación de la Corte IDH. 5. Las obligaciones internacionales también vinculan al Poder Ejecutivo. La ausencia de una disposición interna que ordene expresamente crear una autoridad especializada no exime de examinar los deberes de protección, coordinación y atención derivados del marco convencional. 6. La fuerza jurídica de la obligación no depende de las recomendaciones de la CIDH. Aunque estas permiten identificar las deficiencias en la respuesta estatal, nuestra pretensión se fundamenta directamente en la CADH y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. 7. Reconocer las omisiones no vulnera la división de poderes. El control judicial de las omisiones busca exigir el cumplimiento de obligaciones preexistentes, sin sustituir al Congreso en su función legislativa ni al Ejecutivo en el diseño de políticas públicas. 8. La omisión afecta múltiples derechos fundamentales. No se trata únicamente de libertad de circulación y residencia. La falta de protección compromete también la dignidad, integridad, seguridad jurídica, igualdad, salud, educación, alimentación y trabajo de las personas desplazadas