Por los corredores, los peatones, los ciclistas y todos los que terminamos con polvo, tierra y hojas en la cara y en los ojos porque hay un contratista con un blower soplando tres hojas. ¡Que cancelen esos contratos y les den una escoba! En México funciona perfectamente. Menos ruido, menos polvo y, de paso, mucho más verdor. No hace falta tanta máquina para mantener una ciudad limpia.

Voté a favor. ¿Por qué? En Puerto Rico, conseguir un permiso para abrir un negocio o construir legalmente puede tomar hasta, aproximadamente, un año y seis meses. Quien cumple con la ley espera meses o años; quien la ignora, construye sin permiso y casi nunca enfrenta consecuencias. Ese sistema castiga al ciudadano responsable y no protege adecuadamente ni la economía ni el ambiente. El nuevo Código de Planificación y Permisos busca cambiar esta lógica. Al comerciante y al ciudadano que cumplen, el Estado les elimina obstáculos y les brinda certeza. A quienes mienten o falsifican información, les impone multas de hasta $100,000, les revoca los permisos y les exige responsabilidad a los profesionales que certifican información falsa. Confianza para quien cumple; consecuencias para quien engaña. Actualmente, según documentó la Oficina del Inspector General, el Gobierno audita uno de cada 5,000 permisos. Con este Código, será obligatorio por ley auditar, como mínimo, uno de cada 20 permisos y, en el caso de los permisos de alto riesgo, uno de cada cuatro. Me atrevo a decir que el éxito de esta reforma dependerá, en gran medida, del cumplimiento de esta disposiciones sobre fiscalización. Además, por supuesto, de una transición efectiva al nuevo sistema automático; eje central de esta reforma Sé que existen preocupaciones legítimas sobre esta medida. Sin embargo, considero que el proyecto debe continuar su curso legislativo y ser objeto de discusión pública en la Cámara de Representantes. Sobre algunos de los principales puntos de debate, entiendo lo siguiente: 1. Protección de las playas: Con el sustitutivo, el Senado rechazó reducir la zona marítimo-terrestre a la línea de marea. En cambio, la definición aprobada utiliza la línea que más tierra adentro penetre la marea y mantiene la playa como dominio público del pueblo de Puerto Rico. Lo que sí añade es certeza: el deslinde se hará conforme a reglas claras y quedará inscrito. Así, ni el Gobierno podrá modificarlo arbitrariamente ni el propietario podrá utilizarlo para apropiarse de lo que pertenece a todos. 2. Protección del ambiente: Las zonas inundables, los humedales, el carso, los bosques, las reservas naturales y los hábitats de especies en peligro quedan expresamente excluidos de los trámites automáticos. En esas áreas se mantienen la evaluación y la fiscalización por parte de las agencias pertinentes, con el peritaje y el conocimiento técnico necesarios. 3. Participación ciudadana: No se eliminó la Junta de Planificación ni se derogaron la Ley de Río Piedras o la Ley de Santurce. Además, el nuevo reglamento estará sujeto a comentarios públicos y podrá impugnarse ante los tribunales. Ninguna de estas garantías estaba contemplada de la misma manera en los proyectos originales. 4.Impugnación de proyectos de construcción: (Escuchar video) Tengo claro que no es un proyecto perfecto, pero también tengo claro que lo bueno no puede ser enemigo de lo perfecto. Entre continuar con el sistema que tenemos o sustituirlo por uno con reglas más claras, que premie a quien cumple, castigue a quien engaña y proteja lo esencial -entre ello nuestras playas-mi voto es a favor.