gustavo cocconi

267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista. Todo ese tiempo transcurrió desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación ilegítima de Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lo denunciamos desde el primer día. En estos meses, el proyecto avanzó sin obstáculos con una inversión prevista de US$1.800 millones, cerró su financiamiento, inició obras en las Islas y preparó el buque que le permitirá a Navitas producir unos 50.000 barriles diarios, con posibilidad de ampliarlo a 180 mil. El inicio de la producción está previsto para 2028. En todo este tiempo, Milei no adoptó ninguna medida efectiva para afectar los intereses vinculados con este proyecto, ni frente al Reino Unido ni frente a Israel. Tampoco avanzó sobre quienes hacen posible la explotación: aseguradoras, proveedores, financistas y bolsas en las que cotizan las compañías. La Argentina ya tenía una herramienta legal para actuar. La Ley 26.659 prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en nuestra plataforma continental y permite inhabilitar a quienes la infrinjan por hasta 20 años. En 2022, el Estado argentino aplicó esa ley contra Navitas y la inhabilitó por veinte años. Si recién hoy, casi 9 meses después, Milei anuncia una medida administrativa, habrá que preguntarse por qué dejó pasar tanto tiempo mientras avanzaba un proyecto destinado a saquear nuestros recursos. ¿Será porque durante su gobierno se dedicó a expresar su admiración por Margaret Thatcher, recibir a Boris Johnson en la Casa Rosada, firmar el pacto Mondino-Lammy para cooperar con la potencia ocupante y aliarse incondicionalmente con Netanyahu? La defensa de nuestra soberanía en el Atlántico Sur exige responsabilidad e inteligencia estratégica. Exige anticiparse a los hechos y hacer valer las herramientas que tiene el Estado. Por eso estamos trabajando para que, a partir de diciembre de 2027, nuestro país se aboque a lo que tiene que hacer: romper el statu quo de la ocupación británica, elevar en todos los frentes el costo material, político, diplomático y simbólico de esa ocupación, desarmar el andamiaje económico y comercial que la sostiene y aumentar la presión bilateral, regional y global sobre el Reino Unido para que cumpla con el derecho internacional y ponga fin a la situación colonial en nuestro territorio.

Firmamos convenios con los municipios de Laprida, Maipú y Tapalqué para brindarles las herramientas, los recursos y la asistencia técnica que les permitan avanzar en la elaboración de sus respectivos planes de ordenamiento territorial.

Junto a los intendentes Alfredo Fisher, @gcocconi y la intendenta interina @LorenaOtermin dimos este paso para seguir trabajando hacia una distribución más equitativa y eficiente del territorio de la provincia, que responda a las necesidades de las y los bonaerenses.