Brutalidad policial en España. Del Orden Público al Orden Ciudadano . Las democracias no solo peligran por la agresión de agentes externos, sino por la reconsideración interna de los principios que las fundamentan. Cuando el derecho a la protesta deja de tratarse como expresión legítima de una sociedad y pasa a gestionarse como problema de orden, se está operando un desplazamiento de fondo: el concepto democrático de orden ciudadano cede terreno al viejo y dictatorial concepto de orden público. En el orden público se prioriza la gobernabilidad. El Estado actúa como garante de la disciplina social y la policía funciona como instrumento de control, no de protección de derechos. En las dictaduras- y muy claramente en el franquismo- la policía no era un cuerpo de seguridad ciudadana, sino un aparato de violencia estructural al servicio del régimen. Su misión no consistía en facilitar el ejercicio de libertades, sino en producir sumisión. La protesta no era un derecho: era una perturbación que había que liquidar. El orden no era medio para garantizar derechos; era el fin en sí mismo. En un Estado democrático, por el contrario, el orden debe ser ciudadano. La policía existe para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de reunión, manifestación y expresión. La protesta pacífica no es una anomalía que hay que reprimir, sino una expresión de la vitalidad democrática. Cuando el orden público desplaza al orden ciudadano, se invierte esta lógica: el ciudadano que protesta se convierte en potencial peligro y la seguridad se convierte en coartada para una pedagogía del miedo. El Estado deja de actuar como garante de libertades y se comporta como una especie de postdictadura guardiana de la disciplina social. La diferencia entre Orden Público y Orden Ciudadano no es únicamente semántica. Es política y formativa. En las academias de policía de un régimen dictatorial se enseña a ver al ciudadano como potencial enemigo del orden. En las de un régimen democrático debería enseñarse la gestión política de los espacios públicos, la existencia de los derechos de protesta y la distinción clara entre ambas concepciones del orden. Cuando esa formación no se produce- o se produce de forma insuficiente- las continuidades de cultura policial del pasado reaparecen en el presente. Las cargas desproporcionadas dejan de ser excesos individuales y se convierten en patrón. La impunidad funciona entonces como incentivo, y la cadena de mando como autorización tácita. El paso del orden público al orden ciudadano requiere formación policial , control político efectivo, la voluntad de que la policía deje de ser el brazo armado de la gobernabilidad para convertirse en el instrumento que hace posible el ejercicio de los derechos, y, sobre todo una pedagogía que haga que la opinion pública lo vea así. Sin esa transformación, la democracia formal convive con prácticas de control social heredadas de la dictadura. Y cuando eso ocurre, el orden ya no protege a la ciudadanía: la disciplina.

Irene Montero y Gabriel Rufián arrancan el 24 de octubre en Barcelona su campaña conjunta para las generales del 29N diario-red.com/articulo/espa… a través de @diario_red_