NO QUIEREN DEFENDER LA SOBERANÍA, QUIEREN REFORZAR EL ESTADO AUTORITARIO El proyecto de "LEY DE DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL" enviado por el Poder Ejecutivo, bajo la cobertura de una supuesta defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, constituye un fraude monstruoso: pretende reforzar el Estado autoritario y profundizar el realineamiento de la Argentina y la región con Estados Unidos y sus intereses geopolíticos. Otra vez aparece la mano del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, detrás de una iniciativa de Javier Milei. Que hayan empezado a hablar de soberanía después del impacto que produjo la bandera de las Malvinas levantada por la Selección Argentina no significa que este gobierno vaya a modificar su carácter cipayo y entreguista. SEGURIDAD Y DEFENSA Uno de los aspectos más graves del proyecto es que pretende borrar la barrera entre defensa y seguridad. En su conjunto, la iniciativa busca otorgar poderes especiales a los militares y a los servicios de inteligencia, y avanzar en la persecución de opositores y disidentes que puedan ser considerados “terroristas” o una “amenaza a la infraestructura crítica”. Para eso quieren crear un “Consejo de Seguridad Nacional”, presidido por el propio Javier Milei, que podría funcionar como un suprapoder por encima de los tres poderes del Estado, al servicio del espionaje, la persecución y la represión. Además del presidente, estaría integrado por el jefe de Gabinete; los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía; el secretario de Inteligencia, y la Secretaría Legal y Técnica. El art. 48 muestra la magnitud de las atribuciones que pretenden otorgarle: “El Consejo tendrá amplias facultades para requerir, de forma obligatoria, la información y asistencia necesaria para el cumplimiento de sus funciones a cualquier órgano u organismo del Sector Público Nacional, y podrá solicitar la cooperación de los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, cuando ello fuere necesario para el desarrollo de sus actividades”. A su vez, las Fuerzas Armadas son incorporadas a funciones vinculadas con la seguridad interior. En consonancia con la política de Donald Trump y su documento de “Estrategia de Seguridad Nacional”, Milei les asigna no solo la protección de las fronteras, sino también la de la denominada “infraestructura crítica”, mediante una definición lo suficientemente amplia como para habilitar intervenciones militares, represivas o de inteligencia ante aquello que el Gobierno considere una amenaza. Así, el Consejo de Seguridad Nacional podría “tomar las medidas necesarias para su protección”, según establece el art. 84. Si observamos la definición que propone el propio proyecto, prácticamente cualquier cosa podría ser considerada “infraestructura crítica”, quedando su aplicación sujeta a la discrecionalidad del presidente y de su Consejo de Seguridad Nacional. El art. 77 establece: “Se entiende por Infraestructuras Críticas a las estructuras físicas, redes, sistemas o partes de éstos, públicos o privados, indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o afectación, total o parcial, los impacte significativamente”. Casualmente, en Estados Unidos existe un organismo gubernamental específico dedicado a la “infraestructura crítica”: la CISA. Pero hay algo más. En diciembre de 2025, el documento de Estrategia de Seguridad Nacional sostuvo que “Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad” y planteó que los términos de sus alianzas y de la asistencia que proporciona deben estar condicionados a reducir la influencia externa considerada adversaria, incluyendo el control de instalaciones militares, puertos, infraestructura clave y activos estratégicos. Milei está haciendo los deberes que Trump fijó en ese documento. Como señalamos, buscan introducir un cambio profundo que habilite la intervención militar en cuestiones internas. Para eso pretenden modificar la Ley de Defensa Nacional, que limita la participación de las Fuerzas Armadas frente a amenazas externas. Al incorporar la protección de estas “infraestructuras críticas” al concepto de defensa, abren las puertas a la intervención militar. Votaron el RIGI, el Super RIGI y la destrucción de la Ley de Glaciares (les quedó en el cajón la de extranjerización de tierras y del manejo del fuego) para que los más ricos del mundo hagan sus negocios acá. Si este proyecto se aprueba, zonas como Vaca Muerta, las explotaciones mineras de la Cordillera y los futuros data centers que planean Peter Thiel y otros, podrían ser catalogados como “infraestructuras críticas” y quedar bajo la protección de las Fuerzas Armadas. Es más, nos preguntamos: ¿una huelga como la de médicos y enfermeros del Hospital Garrahan podría ser considerada una amenaza a una “infraestructura crítica” y habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas? ¿También una protesta de científicos y profesionales de Nucleoeléctrica o de la CNEA que denuncien el desguace del sector? CENSURA Y PERSECUCIÓN Otro aspecto gravísimo es el intento de sembrar terror entre periodistas y comunicadores. El proyecto establece penas de entre 5 y 15 años de prisión para quienes el Gobierno considere que “reciben financiamiento total o parcial de un Estado u organización extranjera” con el objetivo de “manipular la opinión pública” o realizar “campañas de desinformación masiva”. Los mismos que dicen que hay que odiar a los periodistas y son campeones de las fake news, buscan ahora acallar las voces que no les gustan. No hace tanto, el Gobierno acusaba a periodistas de “recibir financiamiento ruso”. Con una normativa de estas características, acusaciones de ese tipo podrían adquirir consecuencias penales. Y, para que no queden dudas sobre la orientación del proyecto, crean un “Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento”. Esto debe leerse en el marco de la política que impulsa Marco Rubio en la región y de la utilización de categorías como “terrorismo de izquierda”. Con definiciones suficientemente amplias, protestas o campañas contra medidas gubernamentales podrían quedar alcanzadas por este tipo de normativa. Nada indica que el objetivo sea terminar con la ocupación británica de las Malvinas. Por el contrario, el proyecto abre herramientas que podrían utilizarse para perseguir y encarcelar a quienes enfrenten la entrega y el saqueo de los bienes naturales comunes, pero también a quienes investiguen, informen y se lo cuenten a la población. Hay algo más que vale la pena denunciar. Este gobierno está batiendo récords en la autorización del ingreso de tropas extranjeras a nuestro país y, mientras repite que “no hay plata”, destina recursos a la compra de armamento. El art. 102 modifica el art. 2 de la Ley de Defensa para amplíar el concepto e incluir amenazas que ya no necesariamente deben provenir de otros Estados. Esa modificación, combinada con la ampliación de las funciones militares, la creación del Consejo de Seguridad Nacional, la persecución penal y la enorme extensión del concepto de “infraestructura crítica”, configura un salto cualitativo. Hay que impedir que esta ley se vote. Quienes todavía se ilusionan con que algo bueno puede venir de este gobierno, omiten que estamos frente a uno de los gobiernos más cipayos que se hayan visto en mucho tiempo. Como muestra este proyecto, la soberanía les importa cero. Y justamente por eso todo se vuelve más peligroso. Más que nunca: fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina.