Fito Mendonca Paz

Algo que no se dijo mucho es que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada restringe y encarece la expropiación, una figura fundamental para hacer obras públicas en beneficio del interés común. Para hacer un subte, una ruta, un parque o una escuela muchas veces tenés que expropiar inmuebles privados. Es algo completamente legal que existe en todo el mundo desde la antigua Roma, la cuna del derecho privado moderno. Pero el proyecto del gobierno impone un criterio restrictivo a la declaración de la utilidad pública, que es una facultad del Congreso. Quien debe decidir si corresponde o no expropiar a un privado en beneficio de la comunidad. Básicamente buscan judicializar y frenar las expropiaciones, para que el Poder Judicial evalúe el mérito, oportunidad y conveniencia de una política pública. Quieren convertir a los jueces en legisladores, sin que nadie los haya votado para eso. También pretenden incluir el lucro cesante en la indemnización que el Estado debe pagar a la persona que se expropia. Algo que está expresamente excluido en la ley actual de expropiaciones. La expropiación da lugar a una indemnización porque hay un sacrificio especial de la persona a la que se le saca su bien para beneficiar a la comunidad. Pero la razón por la cual no se paga el lucro cesante es porque la actividad legítima y legal del Estado no da lugar a indemnización por hipotéticas ganancias futuras. Se debe indemnizar únicamente el daño emergente que incluye el valor del bien y los daños directos (por ejemplo, alguna inversión ya hecha). En definitiva están haciendo todo lo posible para que el Estado tenga cada día menos herramientas para hacer las obras que el país necesita.