El 15 de enero de 1978 varios cócteles molotov quemaban la sala de fiestas Scala de Barcelona matando a 4 personas. El incendio, detenciones y criminalización de la CNT que desencadenaron, representan uno de los casos más significativos de guerra sucia en la Transición: El caso Scala. Ese día, la CNT había organizado una manifestación contra los Pactos de la Moncloa, firmados unos meses antes, que apuntalaba el régimen al tiempo que atacaba los derechos de la clase trabajadora. La manifestación transcurrió sin incidentes hasta que unos desconocidos lanzaron varias bombas incendiarias contra la sala de fiestas del Eixample barcelonés. La prensa no tardó en señalar a los anarcosindicalistas como culpables del incendio y las muertes. 48h después, un comunicado de la policía informaba de la detención de los presuntos autores, a los que habían identificado entre las más de 10.000 personas de la manifestación. El comunicado insistía en la afiliación de los detenidos a la CNT. Las detenciones, cerca de 170, continuaron los días siguientes, acompañadas de una campaña mediática de descrédito de la CNT, que entonces contaba con decenas de miles de afiliados y representaba una molestia a las fuerzas aceptantes de la transición. El trato de la prensa llevó a gran parte de la opinión pública a creerse el relato de una organización terrorista que quería desestabilizar el 'frágil' proceso de Transición. A pesar de las protestas y la acusación de montaje policial no pudieron evitar las bajas de muchos afiliados. Tanto la CNT como algunos periodistas de investigación, comenzaron al poco tiempo a sacar a la luz varias cuestiones oscuras de aquel caso, como la preparación y participación en el ataque de un infiltrado de la policía, Joaquín Gambín, que acabaría por confesar. Tampoco cuadraba como se había producido el incendio. Testigos afirmaban que había iniciado en la parte posterior del edificio, muy lejos de donde se lanzaron los molotov. Durante el juicio los abogados pidieron la comparecencia de Joaquin Gambín y del fascista ministro de gobernación Rodolfo Martín Villa. El juez denegó la petición y condenó a los acusados a 18 años. Con el tiempo se fue destapando el papel que tuvo el infiltrado, captado por el servicio de Gobernación, dirigiendo el atentado y señalando a los finalmente condenados. En 1981 fue detenido por un tiroteo en Valencia y el Caso Scala se reabrió con una segunda vista donde se le condenó a 7 años. Aunque se hubiera demostrado el montaje policial, el mal ya estaba hecho y la CNT no volvería a tener nunca más el peso político y sindical previo a los hechos, antes de caer víctimas de la represión y la despiadada campaña mediática.