Este es el equilibrio jurídico que la JEP mantiene hacia los militares. Hace 20 años las FARC por medio de una guerrillera, Marilú Ramírez Baquero alías "la Mata Hari de las FARC" colocó un carro bomba que estalló afectando la Escuela Superior de Guerra y la Universidad Militar. La terrorista fue capturada y condenada a 27 años y 4 meses de prisión por la justicia ordinaria (en diciembre de 2015) por el atentado. En mayo de 2017, un juez de ejecución de penas le concedió la libertad condicional después de que se sometiera a la JEP y tras haber cumplido parte de su condena en la cárcel (estaba recluida en el Buen Pastor), la JEP la amnistió y catalogó la bomba a Escuela Superior de Guerra como "ataque válido" En el fallo, le quitó la calidad de víctima a la escuela y a los 14 militares heridos. Según la JEP, el atentado se enmarcó en el derecho internacional humanitario.

ESTA ES LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ “JEP” La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue estructurada inicialmente por un grupo de seis negociadores y juristas independientes que trabajaban al margen de la mesa de diálogos de La Habana por encargo del gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Este equipo de seis juristas estuvo conformado por: Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao y Douglas Cassel por parte del gobierno. Las Farc nombraron a Álvaro Leyva Durán, Diego Martínez y Enrique Santiago. La oposición advirtió que tanto Cepeda como Henao compartían una visión jurídica "progresista y flexible" que terminaría cediendo ante las exigencias jurídicas de las FARC, del estadounidense Douglas Cassel, un especialista en Derechos Humanos al que se le cuestionó el hecho que un extranjero participara en el diseño de un tribunal de máxima trascendencia nacional, calificándolo como un precedente peligroso que vulneraba la soberanía jurídica de Colombia. Enrique Santiago, un español, Secretario General del Partido Comunista de España, Álvaro Leyva Durán, aunque de origen conservador, su permanente rol como mediador con las guerrillas, lo hacía demasiado afín y cercano a las agendas políticas de las FARC, y Diego Martínez quien, como abogado directo de los líderes guerrilleros, su inclusión fue leída como la confirmación de que el grupo redactaría un "paraguas de impunidad". La gran preocupación que manifestó la oposición tras el anuncio de este grupo de juristas, fue el destino de las Fuerzas Militares. Sostuvieron que un tribunal diseñado bajo estas influencias ideológicas y políticas terminaría igualando la legitimidad del Estado con el accionar de la guerrilla, creando una estructura pensada para juzgar con rigurasidad sesgada a los uniformados de la Fuerza Pública mientras se le otorgaba elegibilidad política directa a los jefes de las FARC sin que pagaran un solo día de cárcel efectiva. Una vez estructurado el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, los magistrados fueron nombrados por un Comité de Escogencia “autónomo e independiente” encargado de evaluar las hojas de vida y realizar la selección. Ese comité estaba compuesto por José Francisco Acuña, Claudia Vaca, y tres extranjeros: Diego García-Sayán, Álvaro Gil-Robles y Juan E. Méndez. Con José Francisco Acuña un magistrado y jurista, la alerta se encendió cuando comenzó el proceso de selección y se denunció en medios que personas muy cercanas a su entorno académico en la Universidad Nacional (donde Acuña fue decano y profesor) clasificaron con supuestas "ventajas" en las listas de preseleccionados. Claudia Vaca no es abogada y fue designada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado (SUE). Para la oposición, las universidades públicas del país (especialmente la Universidad Nacional, de donde ella era profesora) cargaban con un sesgo histórico afín a las ideas de izquierda y simpatizante con el proceso de paz, por lo que asumían que su criterio de selección no sería neutral. Diego García-Sayán un peruano que se inició en política en “Izquierda Unida”, una coalición que reunió las facciones marxistas, socialistas y progresistas peruanas. Juan E. Méndez, un argentino y Álvaro Gil-Robles, un español, activistas de Derechos Humanos acusados por la oposición de tener una agenda de "izquierda internacional" orientada a favorecer a las guerrillas. Ellos elegieron los 42 magistrados del Tribunal para la Paz y todas sus secciones, así como a los diez abogados extranjeros expertos consultores. También definieron los integrantes de la Unidad de Investigación del tribunal, que hace las veces de fiscalía, y la Secretaría Ejecutiva del mismo. Como si fuera poco, elegieron a los 11 miembros de la Comisión de la Verdad y a su presidente que resultaron en Francisco de Roux, Alejandra Miller, Alejandro Valencia Villa, Alejandro Castillejo, Marta Ruiz, Leyner Palacios Asprilla, Carlos Martín Beristain, Lucía González, Carlos Guillermo Ospina, María Patricia Tobón Yagarí, y Saúl Alonso Franco y ya sabemos en que terminó ese Informe.