Qué escándalo: un intensivista decide trabajar donde le pagan mejor o vive mejor. Habrá que avisar también al ingeniero que cambia de empresa, al profesor que se va a la privada, al abogado que monta un despacho, al enfermero que emigra, al camarero que cambia de bar y al funcionario que pide una excedencia. Los profesionales no son propiedad del Estado ni están adscritos de por vida al puesto que un día eligieron. Si a Sanidad le preocupa que los intensivistas se vayan a la privada, a estética, a investigación o a vender helados, quizá podría probar una idea revolucionaria: hacer que quedarse merezca la pena. Menos reprochar al que se va. Más preguntarse por qué se va.