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Periodista y abogado. https://xitter.cf/t.co/jJ8se0oyBW

San José, Costa Rica
Joined February 2009
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“Tan delincuente es el que mata, el que roba, el que viola (…) como el que hace adjudicaciones a dedo o el que tortura”, dice fiscal general tras visita sorpresa al Cacco con otras entidades. #Interferencia #RadiosUCR
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No es solo la ignorancia y la mentira del ministro, sino un cambio de estrategia. Chaves dijo: "se matan entre ellos y ahora será: "vamos a fomentar las condiciones para que una vez en la cárcel, se maten entre ellos".
El ministro de Justicia miente. No podrá poner indiciados y sentenciados en la misma celda. NO. No podrá poner condenados primarios con condenados con antecedentes en la misma celda. NO. El ministro de Justicia acaba de decir que en el CACCO pondrá juntos a miembros de bandas rivales, tanto sentenciados como indiciados. Sí, así lo dijo. Sentenciados (personas condenadas por sentencia firme) e indiciados (personas que no tienen condena firme y están bajo una medida cautelar de prisión preventiva), porque según él "tienen que aprender a convivir, esa es parte de la disciplina que queremos imponer". Cuando el periodista le pregunta si puede ser peligroso, responde que no, sin explicar por qué. El artículo 39 de la Constitución exige sentencia firme para hacer sufrir una pena y el artículo 9 del Código Procesal Penal obliga a considerar inocente al imputado mientras no se declare su culpabilidad mediante sentencia firme. Una persona en prisión preventiva puede terminar absuelta y no se la puede tratar como si ya estuviera cumpliendo una condena. Además, el artículo 5.4 de la Convención Americana y el artículo 10.2.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exigen separar a los procesados de los condenados y darles un trato adecuado a su condición. Puede haber una situación excepcional de seguridad que obligue a cambiar la ubicación de una persona, pero habría que explicar qué ocurre con ella y por qué hace falta esa medida. El ministro está hablando de juntarlos para que aprendan a convivir, como si esa fuera una decisión que puede tomar por su cuenta. Qué extraño que siendo el ministro que dirige esta materia, que juró cumplir la Constitución y las leyes, desconozca también las normas administrativas más próximas a su función. El Decreto Ejecutivo n.º 40849-JP (Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional) establece claramente en su artículo 171 que los indiciados deben estar separados de quienes tienen sentencia firme. También exige espacios distintos para la población primaria (personas sin antecedentes penales, tanto indiciadas como sentenciadas; estas últimas cumplen su primera condena, independientemente de su grado de peligrosidad) y la población con antecedentes penales. Puede alojarlos en un mismo centro, pero tiene que respetar esas separaciones. El ministro vuelve a hacer manifestaciones públicas contrarias a las normas que le corresponde aplicar. Con ellas vende (una vez más) una imagen de mano dura, aunque lo que propone puede ser cuestionado ante la Sala Constitucional precisamente porque desconoce esas garantías. Entonces se vienen las denuncias e intervienen los tribunales, y queda servido el discurso de que el Poder Judicial, la Defensoría, las ONG o los opositores no los dejan trabajar. Así aprovechan tanto el anuncio actual como la eventual resolución que les impida ejecutarlo. Primero ofrecen mano dura y después presentan a quienes exigen el cumplimiento de la ley como defensores de delincuentes o como los "comunistas come niños" que se oponen a todo. Quienes reclamamos que se respeten las leyes y los derechos fundamentales estamos exigiendo lo mismo que el ministro juró cumplir.
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Hoy presenté un amparo en contra de la presidenta y su director de despacho por brindar una respuesta omisa e incompleta a solicitud de información pública sobre pruebas de polígrafo que les envié desde el 9 de junio. ¿Qué pregunté y qué respondieron? Acá un resumen.
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Llevo tres meses de estar gestionando en distintas entidades 8 de 11 requisitos para cumplir un trámite en la @MuniDesampa, y me advirtieron que ninguno sirve porque solo los aceptan con firma física. Todo, contrario a la Ley 8454. ¿Nos devolvimos 20 años?
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La presidenta legislativa, Yara Jiménez, anuncia a los jefes de fracción que los informes sobre presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado a una exdiputada se conocerán el próximo lunes en el plenario de la @asambleacr
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¿Desde cuándo hay, en CR, banderas prohibidas? ¿Desde cuándo la Fuerza Pública y, supongo, sus jefes políticos, definen que una bandera está prohibida? El argumento del oficial es UNA ABSOLUTA MENTIRA: había banderas de EUA, el genocida Israel y la confederada esclavista del sur.
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Siempre me gusta enseñar con este cuadro que hice la fórmula con que se calcula el cómputo de pena en Costa Rica. Los descuentos fijados por ley –por estudio o trabajo–, solo aplican durante la prisión preventiva y hasta después de cumplir, día a día, la primera mitad de la pena.
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Sobre el año carcelario de “ocho meses”…
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Mientras tanto en Panamá… Fabricio Alvarado deja atrás su país donde enfrenta causas por abuso sexual de mujeres.
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Pese a que solicité a la Fiscalía General el impedimento de salida del país de Fabricio Alvarado, su inmunidad lo protege hasta hoy. Nuevamente, huye por cobardía. Haremos todo a nuestro alcance para obligarlo a enfrentar el proceso penal.
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No es posible que a horas de perder su inmunidad Fabricio Alvarado ya se encuentre en el aeropuerto.
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El desdén manifestado por la bancada oficialista y el gobierno hacia el Congreso a lo largo de estos cuatro años, junto al vergonzoso oportunismo de ciertos diputados, ha marcado el cierre del más aciago cuatrienio legislativo que se tenga memoria. No hubo nada que los conmoviera: ni la inminente parálisis del Tribunal Constitucional, ni la dignidad de las víctimas de acoso sexual.
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No solo eso: le insinúa a su directora del noticiero que si se lo revela, tiene que matarla. ¿Cómo van a dejarlo pasar así semejante comentario tan violento así tan sencillo?
#Exclusiva | El presidente de la República confirmó en Por Tres Razones que ya sabe lo que sigue al finalizar su gestión. 📷 Vea la entrevista completa en nuestro perfil de Facebook o en nuestro YouTube: Columbia Digital
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Daniel Siezar, diputado electo por Pueblo Soberano, y quien es abogado de profesión, realizó esta publicación en su perfil de Facebook. A ese respecto cabe señalar lo siguiente: La Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (N° 7476) fue promulgada desde el año 1995. En el año 2010, mediante la Ley 8805, se incorporó a los funcionarios electos popularmente, incluidos los diputados, dentro de los funcionarios sancionables por conductas de hostigamiento sexual en el empleo. La Ley 7476 obliga a la Asamblea Legislativa, en particular a los diputados por su condición de superiores jerárquicos, a mantener en el lugar de trabajo condiciones de respeto para quienes laboran ahí, por medio de una política interna que prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de hostigamiento sexual (artículo 5). El artículo 12 de la misma ley establece que todo patrono o jerarca que incurra en hostigamiento sexual será responsable, personalmente, por sus actuaciones. Asimismo, tendrá responsabilidad si, pese a haber recibido las quejas de la persona ofendida, no cumple con lo establecido en el artículo 5 de la Ley. La Asamblea Legislativa aprobó en Sesión Extraordinaria N.° 13, celebrada el 28 de julio de 2021, de conformidad con las atribuciones que le confiere el inciso 22) del artículo 121 de la Constitución Política y el artículo 233 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el reglamento contra el hostigamiento sexual en el Congreso, de aplicación para diputados y diputadas (Acuerdo 6853-21-22) La denuncia de Marulin Azofeifa refiere a conductas de hostigamiento sexual en el empleo, perpetradas por uno de sus superiores jerárquicos: Fabricio Alvarado Muñoz, proceso que se rige por la Ley 7476. La denuncia penal presentada posteriormente por Azofeifa refiere a hechos de abuso sexual, tipificados por el Código Penal (el acoso sexual sancionado penalmente es el acoso sexual callejero; el ocurrido en el empleo se rige por la ley 7476). No existe prohibición o impedimento de juzgar un mismo hecho en sede administrativa o penal. Existe suficiente jurisprudencia administrativa y constitucional vinculante a ese respecto, tales como los votos 1569-93 de 31 de marzo de 1993, 3484-94 de 8 de julio de 1994, 4100-94 de 9 de agosto de 1994, 364-95 de 18 de enero de 1995, 2628-95 de 23 de mayo de 1995, 364-95 de 18 de enero de 1995, 5450-96 de 16 de octubre de 1996. La inacción de la Asamblea Legislativa le acarreará responsabilidad en sede judicial, por lo que Azofeifa podrá demandar al Estado.
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Decir que “no hay que ser alarmistas” con el clima no es neutralidad técnica. Es confundir mitigación con adaptación. Y en política pública, esa confusión sale cara.
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¡Por la boca muere el pez! Fabricio Alvarado aprobó leyes que lo persiguen. No cuestione ahora que denunciante esperó 20 años para denunciarlo si su fracción apoyó ley que amplió prescripción de 10 a 25 años; y la ley que castiga relaciones con menores cuando superan los 3 años
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Ataque de tiburón en isla del Coco fue a 30 metros de profundidad en el sitio conocido como Roca Sucia. La máscara que andaba le salvó a buzo. El ataque no fue intencionado, sino como una reacción por marcaje que hacían al selacio #isladelCoco #tiburon
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Tribunal Contencioso Administrativo declara CADUCA acción del excatedrático despedido por acoso sexual, Mainor Salas Solís, que pretendía su reinstalación como docente de la UCR e indemnización por 500 millones. Ahora deberá pagar las costas del proceso.
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