En efecto, el Defensor del Pueblo goza de legitimación (161.1.b CE) para interponer recursos de amparo; y en efecto ese “admirador, amigo, esclavo, y siervo" de Sánchez que es Angel Gabilondo ha anunciado su intención de hacerlo en relación con la "Ley de Nietos". Peeeeero igual no es ni tan fácil, ni tan rápido que la operación Sánchez/Gabilondo/Pumpido salga bien, y salga a tiempo. 1.– Los arts. 43 y 44 LOTC exigen para la interposición del recurso de amparo el agotamiento de la via judicial previa, y en este caso la via judicial está todavía abierta: nos hallamos ante una cautelar, no ante una sentencia del Supremo. De manera que es dudoso que el recurso resulte admisible. 2.– El art. 50.1 LOTC exige no solo el cumplimiento de los requisitos formales, sino también ”unanimidad" en la Sección correspondiente para su admisión a trámite, lo que en un tribunal tan fracturado es dificil. Cierto es que “Cuando la admisión a trámite, aun habiendo obtenido la mayoría, no alcance la unanimidad, la Sección trasladará la decisión a la Sala respectiva para su resolución" (art. 50.2 LOTC), pero no lo es menos que eso añade un nuevo trámite al proceso. 3.– El 51.1 da al Tribunal afectado, el Supremo, diez dias para la remisión de la documentación oportuna. Es un plazo perentorio... pero el calendario sigue corriendo. 4.– Cuando el amparo es interpuesto por el defensor del Pueblo, el 46.2 LOTC exige que se comunique “a los posibles agraviados que fueran conocidos y ordenará anunciar la interposición del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» a efectos de comparecencia de otros posibles interesados”. Dicha publicación tendrá carácter preferente, pero, de nuevo, el calendario sigue corriendo. y 5.– La cuestión clave en estos momentos es la de si cabría una suspension cautelar (por el Constitucional) de la suspensión cautelar (del Supremo). La regla es que no: según el 56.1 LOTC "La interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados". Cierto es que el 56.2 admite que "cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, la Sala, o la Sección ... podrá disponer la suspensión, total o parcial, de sus efectos". Pero para ello hay dios limites: que el perjuicio se le ocasiones al recurrente (y el Defensor del Pueblo no está perjudicado por la Ley de Nietos) y que "la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona", perjuicio que el Tribunal Supremo ha dicho con meridiana claridad que sí se produciría de concederse el derecho al voto a los irregularmente nacionalizados. Asi que si: hay partido.