La sociedad argentina nunca dimensionó el daño de la extorsión sindical porque la democracia política solo sabe administrar este problema, nunca terminarlo y darle fin. Los sindicatos casi nunca pagaron un costo real por sus actos, al contrario, cada chantaje termina premiado. Este modelo nació con el peronismo, que, en nombre de la justicia social, impulsó desde la Secretaría de Trabajo el decreto de 1945 que creó la personería gremial y le dio a un solo sindicato por actividad el monopolio de la representación. Y el poder difuso que repartió ese decreto impulsado por ellos, siempre fue irresponsable. Es hora de tipificar el terrorismo sindical de forma contundente. Millones de personas no pueden seguir pagando el costo de unos pocos.