A una niña le preguntaron si su papá la había tocado. Respondió con frases cortas, se contradijo en algunas cosas, no dio muchos detalles. Un tribunal leyó eso y concluyó que no le creía. La Suprema Corte revisó el caso y dijo algo que debería incomodarnos a todos: el problema no era la niña. Era cómo se le preguntó. En el amparo directo en revisión 3797/2014, la Primera Sala estableció reglas que en México seguimos sin cumplir. Que el relato de un niño no se recoge en un interrogatorio improvisado, sino en una entrevista especializada, con preguntas abiertas, videograbada y hecha por alguien capacitado. Que si el juez duda de esa declaración, está obligado a ordenar un peritaje en psicología del testimonio, que no es lo mismo que un dictamen clínico: el clínico detecta daño, el del testimonio analiza el relato. Y que en el juicio civil por pérdida de patria potestad no se exige la certeza del proceso penal, porque quitarle la patria potestad a un agresor no es castigarlo, es proteger a la víctima. Exigir sentencia penal previa era condenar a esa niña a esperar años sin protección. Once años después, la sentencia sigue siendo casi papel. No hay peritos suficientes, no hay cámaras Gesell suficientes, no hay formación judicial. Y ahí está lo más incómodo: la misma resolución que protege a la infancia le entrega a la defensa su mejor argumento cuando la entrevista se hizo mal. Cada niño mal entrevistado es un caso que se cae. No por falta de verdad, sino por falta de método. Proteger a la niñez no es creerle a ciegas ni desconfiar por costumbre. Es construir las condiciones para que creer o dudar sea una decisión racional y no un prejuicio con toga. Aquí dejo el link para que se pueda consultar la sentencia que generó este caso: www2.scjn.gob.mx/juridica/en…