Europa arde ante nuestros ojos. Y lo hace en medio de una revolución que ya no necesita ser televisada, porque se transmite y se alimenta a través de las redes sociales. Una espiral autorreferente de violencia que ha perdido cualquier finalidad o legitimación política, porque su único propósito es perpetuarse. La crisis ha dado paso al caos. Y tenemos la inquietante sensación de que nuestra vida política se ha salido de su eje. pero hay algo todavía más grave que los disturbios: la sospecha ( ¿casi certeza?) de que estamos asistiendo al derrumbe de los principios que sustentaron la Europa ilustrada y a la descomposición de la convivencia. Cuando vemos arder las calles de Toulouse, Lyon, Marsella, París, Milán o Madrid; cuando contemplamos comercios saqueados, barricadas y enfrentamientos con la policía, debemos preguntarnos en qué momento hemos empezado a aceptar como inevitable aquello que hace diez años nos resultaba intolerable. Porque lo verdaderamente inquietante no es solo la violencia. Es que una parte de Europa parece haber sucumbido a su fascinación. La contempla, justifica o celebra dependiendo de quién la ejerza y contra quién se dirija. Y ahí comienza la derrota de la razón. La violencia no deja de ser violencia porque la ejerzan los tuyos. La destrucción no se convierte en justicia porque se invoque una causa noble como coartada. Y el fanatismo no se transforma en virtud cuando coincide con nuestras convicciones. Nadie está en el lado correcto de la historia cuando amenaza a sus vecinos. La violencia engendra violencia. La humillación reclama revancha. La revancha alimenta el resentimiento. Y el resentimiento acaba convirtiéndose en identidad política. La fractura social, la desconfianza institucional y la radicalización no desaparecen cuando se apagan las cámaras. Un Estado democrático debe garantizar el orden público y perseguir los delitos. Nunca debe alentarlos, como se ha hecho en Francia o como estamos haciendo aquí con la acampada de Sol . Pero reclamar una respuesta cada vez más brutal frente a la brutalidad no constituye una política: es una consigna. Las instituciones pueden equivocarse y deben rendir cuentas. Pero reconocer sus errores no equivale a justificar los disturbios. Ninguna torpeza gubernamental convierte el saqueo en protesta legítima. Ninguna actuación policial discutible concede licencia para incendiar una ciudad. Y ninguna protesta tiene derecho a impedir que los ciudadanos invoquemos nuestro derecho constitucional a la libre circulación. Criticar al poder es un derecho democrático. Destruir la convivencia no lo es. Debemos rechazar la falsa alternativa entre tolerar la violencia y aceptar acríticamente cualquier respuesta estatal. La democracia exige defender simultáneamente la libertad, la seguridad, la legalidad y la responsabilidad. Ha llegado el momento de recuperar la razón, la serenidad y aquello que todavía nos une. La fortaleza de una democracia no consiste en imponer el silencio cuando no conviene reconocer que se nos va la cosa de las manos, sino en resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. Europa aprendió, tras la devastación de sus guerras, que el derecho, el diálogo y la razón debían prevalecer sobre la fuerza. Renunciar a esos principios sería mucho más grave que contemplar nuestras calles en llamas. Sería aceptar que también ha ardido aquello que nos convirtió en una Europa ilustrada y democrática