🚨 OJO: DETIENEN AL “TALIBÁN”, PRESUNTO IMPLICADO EN EL SECUESTRO DE 10 MINEROS EN SINALOA Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detuvieron a cinco presuntos integrantes de distintas células de Los Chapitos, entre ellos un sujeto conocido como “El Talibán”, señalados por su posible participación en el secuestro de trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver. De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, los detenidos también estarían relacionados con la privación de la libertad de cuatro turistas originarios del Estado de México. Las autoridades investigan la posible participación de los sospechosos en ambos casos. El secuestro de los trabajadores mineros generó preocupación por la seguridad de quienes laboran en proyectos de extracción en Sinaloa, una entidad que enfrenta episodios de violencia vinculados con disputas entre grupos criminales. La detención de los cinco presuntos integrantes representa un avance en las investigaciones, aunque será necesario que las autoridades presenten pruebas que permitan establecer la responsabilidad individual de cada uno de los señalados.

🚨OJO: AMPARO CASAR, QUIEN RECIBÍA $124 MIL PESOS DE PEMEX POR PRESUNTA JUBILACIÓN ILEGAL, EXIGE COMBATIR LA CORRUPCIÓN María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), volvió a colocar el combate a la corrupción en el centro de su discurso, pese a que ella misma enfrenta una investigación por la presunta obtención irregular de una pensión vitalicia de Pemex. La ironía no pasó desapercibida: quien encabeza una organización dedicada a denunciar actos corruptos también debe responder por señalamientos relacionados con recursos públicos. La pensión, otorgada tras la muerte de su esposo en 2004, rondaba los 124 mil pesos mensuales. De acuerdo con cifras difundidas por Pemex en 2024, los pagos acumulados superaban los 31 millones de pesos, además de un seguro por 17.6 millones. La Fiscalía General de la República llevó el caso ante la justicia por la probable comisión de uso ilícito de atribuciones y facultades. Casar ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que el caso constituye una persecución política. La legalidad de la pensión y las responsabilidades de quienes autorizaron su entrega deben determinarse por las vías judiciales correspondientes; hasta entonces, las acusaciones no equivalen a una sentencia condenatoria. Pero la contradicción política sigue ahí: exigir que se investigue la corrupción también implica estar dispuesta a rendir cuentas cuando los señalamientos apuntan hacia una misma. La lucha contra la corrupción no puede funcionar como consigna para cuestionar a los adversarios y como excepción cuando las investigaciones involucran a quienes se presentan como sus principales denunciantes.