Braulio López Ochoa Mijares

El comunicado de la ASF es lamentable: si hoy dice descubrir "irregularidades históricas" desde el año 2000, está reconociendo que sus propias auditorías anuales al IFE, al INE y a los OPLEs no las detectaron o que las ocultaron. Nadie explica quién auditó al auditor ni si responderán sus titulares y funcionarios de esos años. La Constitución, en su artículo 79, establece la anualidad y solo permite revisar ejercicios previos de forma casuística y concreta, no mediante un "estudio histórico" masivo. Los OPLEs son autónomos (artículo 116-IV constitucional) y la ASF solo puede fiscalizar recursos federales. Eso implica que, en teoría, también los órganos superiores de cada entidad federativa van a auditar a su OPLE. En principio, casi todos los hechos anteriores a 2019 se encuentran prescritos, considerando que el plazo de prescripción es de siete años para las faltas administrativas graves o faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hablar de "trabajos de inteligencia" y de "prácticas ilegales" sin expediente, sin personas ni fundamento legal prejuzga y viola la presunción de inocencia y el debido proceso. Cuando un caso concreto, el de la presunta corrupción en el INE encabezado por la expresidenta, Guadalupe Taddei, exige una auditoría puntual, la respuesta es abrir veinticinco años de investigación. Eso no es rigor técnico: es una cortina de humo y acompañar la narrativa de Morena de que “todo es culpa del pasado y nada es culpa de ellos”.