El señor Juan tiene 83 años y dos pisos. Según Podemos, es un especulador y un fondo buitre. Trabajó 45 años en una fábrica y, ahorrando toda su vida, se compró un piso y heredó otro de sus padres, ya fallecidos. Este último lo alquiló para que la pensión le llegara a fin de mes. Paga IBI, comunidad, seguro y el arreglo de la caldera cuando peta, por duplicado. Según el Banco de España, es el casero típico: el 92 % del alquiler está en manos de particulares como él. Los fondos, el 8 %. Pero en el relato de Sánchez y Podemos, Juan no existe. Existe el «fondo buitre». Así que le ponen tope al alquiler, le alargan el contrato a la fuerza y le explican que especula. Si el inquilino deja de pagar, Juan, que espere. Total, es un rentista. Al otro lado, Nico, 26 años. No trabaja, no busca y ha decidido que el piso de Juan le corresponde. Entra, cambia la cerradura y cuelga una pancarta: «La vivienda es un derecho, no un negocio». En la tele sale como víctima del mercado. El ministro habla de ilegalizar a los «desgraciados» fondos. Nadie pregunta de quién es la casa. Meses después, el piso sale del mercado. Juan lo deja vacío o lo vende. Nico busca otro. Y el Gobierno, sorprendido, anuncia que hay que regular más a los fondos buitre. El 92 % de Juan aplaude desde el sofá. O mejor dicho, no aplaude: ya no alquila.