Hay personas que parecen físicamente incapaces de reconocer una evidencia sin añadir inmediatamente un «pero», como si aceptar un hecho sin envolverlo en salvedades constituyera una peligrosa capitulación intelectual. España necesita construir muchas más viviendas allí donde la demanda supera persistentemente la oferta. No es una ocurrencia ideológica, sino un desequilibrio documentado. Sin embargo, basta con señalarlo para escuchar la inevitable letanía. «Sí, hay que construir, pero construir no lo soluciona todo». O cualquier otro «pero». Naturalmente. Tampoco los antibióticos curan todas las enfermedades, ni los bomberos evitan todos los incendios. Y sería bastante desconcertante que, ante una escasez de antibióticos, alguien considerase pertinente recordarnos que también necesitamos buenos diagnósticos y una sanidad eficiente. Gracias por la información. ¿Podemos fabricar los antibióticos que faltan? ¿Dónde están las multitudes reclamando que se desbloquee suelo, se agilicen las licencias y se levanten los edificios que necesitamos? ¿Dónde están las pancartas que exijan menos obstáculos para aumentar la oferta allí donde escasea? Hemos aprendido a manifestarnos contra los precios, contra los propietarios, contra los fondos de inversión y contra prácticamente cualquier persona que tenga la desgracia de figurar en el Registro de la Propiedad. Pero resulta mucho más difícil encontrar una movilización cuya reivindicación principal sea algo tan prosaico como construir más casas. No es que las protestas existentes carezcan de otras reivindicaciones legítimas. Es que llama la atención la escasa presencia de una exigencia tan elemental. Por supuesto que importa dónde construimos, cómo lo hacemos, quién financia las viviendas, cómo se regulan los alquileres y qué mecanismos garantizan el acceso a los hogares más vulnerables. Algunas de esas cuestiones son, precisamente, condiciones necesarias para construir más y mejor. Pero ninguna refuta la necesidad de aumentar sustancialmente la oferta residencial donde escasea. El problema no es introducir matices, sino utilizarlos como si invalidaran aquello que, en realidad, no contradicen. Decir que construir más viviendas no lo resuelve todo es una obviedad. Utilizar esa obviedad para relegar la construcción a un asunto secundario es una falacia. Y quizá convendría recordar una regla elemental del razonamiento. Que una solución sea insuficiente no significa que sea prescindible. A riesgo de deslizarme por un psicologismo barato, quizá detrás de tantas salvedades exista algo más que prudencia económica. Existe una vieja dificultad humana para aceptar una solución cuando parece proceder del adversario ideológico, aunque aumentar la oferta de viviendas no sea patrimonio de la derecha ni construir vivienda pública contradiga necesariamente a la izquierda. También hay incentivos menos confesables. Los propietarios actuales pueden beneficiarse de la escasez, los vecinos consolidados pueden preferir que nada cambie en su barrio y los políticos pueden encontrar más rentable señalar culpables que afrontar los costes inmediatos de transformar una ciudad. Los beneficios de construir se reparten entre ciudadanos que todavía no viven allí, mientras que las molestias se concentran en quienes ya tienen casa y derecho a voto. Esta asimetría ayuda a explicar por qué resulta tan sencillo organizar una protesta contra un edificio nuevo y tan difícil organizar una manifestación a favor de los edificios que nunca llegan a existir. Y, sin embargo, esa debería ser una de las grandes reivindicaciones de nuestro tiempo. Miles de personas exigiendo que se construyan, de una vez, las viviendas que necesitan. No que se construyan sin planificación, ni sin infraestructuras, ni a cualquier precio. Sencillamente, que se construyan. Porque hemos desarrollado una sensibilidad exquisita hacia los posibles perjuicios de las viviendas que podrían existir y una indiferencia bastante menos exquisita hacia los perjuicios perfectamente comprobables de las que no existen.

¿Por qué los franceses se manifiestan tanto como si se acabara el mundo? 1. Porque el Estado concentra buena parte de las decisiones económicas y sociales. En Francia, el gasto público equivale aproximadamente al 57 % del PIB. Eso no significa que el Estado controle el 57 % de la economía, pero sí que interviene decisivamente en la distribución de recursos, las pensiones, los servicios públicos, los salarios mínimos y las condiciones laborales. Cuando tantas decisiones dependen de la política, resulta racional dedicar esfuerzos a influir sobre quienes las toman. La manifestación se convierte así en una herramienta de negociación, no necesariamente menos racional que votar, afiliarse a un sindicato o ejercer presión mediante otros procedimientos. 2. Porque su sistema político es extraordinariamente centralizado. Francia conserva una tradición de poder vertical, con un Ejecutivo que desempeña un papel decisivo en numerosas reformas. Cuando los mecanismos ordinarios de negociación resultan insuficientes, la protesta nacional permite trasladar el conflicto directamente al centro político. Esta centralización también facilita la coordinación de los descontentos. Profesores, transportistas, agricultores y estudiantes pueden identificar un mismo interlocutor político, aunque sus reivindicaciones sean distintas. 3. Porque los sindicatos franceses tienen una capacidad de movilización desproporcionada respecto a su número de afiliados. Francia presenta una paradoja institucional. Su tasa de afiliación sindical es relativamente reducida, mientras que la cobertura de la negociación colectiva es extraordinariamente elevada. Los sindicatos no necesitan representar directamente a la mayoría de los trabajadores para influir sobre sus condiciones laborales. Mediante huelgas y movilizaciones en sectores estratégicos, especialmente el transporte y determinados servicios públicos, pueden generar costes económicos y políticos importantes. La eficacia de una protesta no depende únicamente de cuántas personas participan, sino también de qué actividades son capaces de interrumpir. 4. Porque algunas protestas han conseguido concesiones, lo que refuerza los incentivos para seguir protestando. Las movilizaciones de los chalecos amarillos han ofrecido un ejemplo significativo. En 2018, el Gobierno de Emmanuel Macron ha terminado anunciando medidas económicas y fiscales para responder al descontento. Sin embargo, el éxito no está garantizado. Las multitudinarias protestas contra la reforma de las pensiones no han conseguido impedir su aprobación en 2023. Desde la teoría de juegos, el mecanismo es comprensible. Cuando los ciudadanos comprueban que determinadas formas de presión pueden modificar las decisiones gubernamentales, aumenta el atractivo de recurrir nuevamente a ellas. 5. Porque Francia ha convertido la protesta en una institución cultural. Pocos países han incorporado la insurrección popular a su identidad nacional con tanta intensidad como Francia. La Revolución francesa, las barricadas del siglo XIX, la Comuna de París, el Frente Popular y mayo de 1968 forman parte de una memoria colectiva en la que la movilización callejera aparece frecuentemente como un instrumento legítimo de transformación social. La protesta no es simplemente una reacción frente a una injusticia concreta. Es también una conducta aprendida, transmitida entre generaciones y culturalmente legitimada. 6. Porque el sistema afronta una contradicción creciente entre las expectativas sociales y sus posibilidades fiscales. Francia combina un elevado gasto público, una población envejecida, importantes compromisos sociales y una deuda superior al 115 % del PIB. Durante décadas, numerosos conflictos distributivos se han podido resolver mediante nuevas partidas presupuestarias, compensaciones o concesiones sectoriales. Sin embargo, cuando el margen fiscal disminuye, satisfacer unas demandas puede exigir recortar otras, aumentar impuestos o incrementar el endeudamiento. Eso puede intensificar la competencia entre grupos sociales por unos recursos limitados. El Estado se encuentra entonces ante un problema político especialmente difícil. Si concede sistemáticamente, puede alimentar expectativas que no siempre podrá satisfacer. Si deja de conceder, puede aumentar el descontento entre colectivos habituados a negociar mediante la movilización. Adicionalmente, hay una paradoja que no debemos desestimar alegremente. Una democracia que reconoce y protege ampliamente el derecho a manifestarse puede terminar dependiendo de esa misma movilización para resolver conflictos que sus instituciones ordinarias no consiguen encauzar.