Tomás Páez Bravo

#Irónico #Venezuela Mientras Venezuela habla de protección ambiental y exhibe supuestas iniciativas de conservación en la COP31, en el río Caroní la realidad sigue siendo la misma: las balsas mineras ilegales continúan operando libremente, a plena vista, y el combustible sigue "fluyendo" para mantenerlas operativas ! ¿De qué protección ambiental se habla cuando no se impide la actividad aurífera ilegal en una de las principales cuencas hidrográficas del país? ¿Cómo se puede promover un discurso de conservación internacional mientras se permite que las economías ilícitas sigan depredando y contaminando nuestros ríos? Un discurso verde en los escenarios internacionales, no remedia la sostenida devastación en nuestro #SurDelOrinoco La protección ambiental no se demuestra con declaraciones en una cumbre, sino con acciones concretas, control efectivo y voluntad de poner fin a estas ilícitas actividades... 📸 Cuenca media del río Caroní, por la comunidad de Aripichi

#Atencion #Venezuela Observo con preocupación como se está haciendo, cada vez más recurrente, los registros de personas subiendo combustible, maquinaria por partes e insumos al Cerro #Yapacana para incrementar el extractivismo aurífero ilegal La destrucción y contaminación de este parque nacional en el #edoAmazonas continúa 😞

#Atencion #Venezuela Pasan los días, las semanas, los meses, los años y prosigue la afectación a la Zona Protectora de la cuenca alta del río Caroní, sector indígena 7 #Icabaru #GranSabana ...somos simples observadores de la devastación del #SurDelOrinoco por la actividad aurífera ilegal 😞 #AmbienteSinDerechos #VenezuelaFragmentada #AusenciaEstadoDeDerecho

#Atencion #Venezuela El costo humano de la violencia al sur de Cedeño #edoBolivar El desplazamiento forzado de comunidades indígenas y las cosechas tradicionales en riesgo... 🚨 El avance de la violencia y la penetración de estructuras guerrilleras colombianas en el sur del municipio Cedeño, está dejando consecuencias que van mucho más allá de la inseguridad. El desplazamiento forzado de familias indígenas está desarticulando comunidades enteras y destruyendo sus tradicionales medios de subsistencia. Una realidad poco visibilizada es la pérdida de una economía ancestral vinculada a la recolección y comercialización de productos del bosque, particularmente la sarrapia y la manaca, actividades que durante generaciones han representado una fuente legítima de ingresos para numerosas familias de la región. La cosecha de manaca se desarrolla entre julio y noviembre, mientras que la de sarrapia ocurre entre febrero y mayo. Se trata de actividades estacionales que involucran tradicionalmente a más de 120 familias de Punta Brava, Las Bateas, Túriba, Morichalito, El Palomo, Villacoa, Aguamena, entre otras comunidades, tanto indígenas como criollas Los sarrapiales se extienden por una importante franja boscosa entre las serranías de Chivapure y Suapure, con acceso desde Túriba, Punta Brava y Villacoa. Por su parte, los principales manacales se encuentran en el Suapure medio, aproximadamente a 10 kilómetros de Las Bateas, siguiendo el curso del río. El impacto económico de este desplazamiento puede ser considerable: Manaca: se estima una pérdida potencial cercana a 45 toneladas de cosecha, equivalentes a unos US$45.000. Sarrapia: las pérdidas podrían alcanzar 25 toneladas, con un valor aproximado de US$300.000. En conjunto, hablamos de unas 70 toneladas de productos forestales y aproximadamente US$345.000 en ingresos que podrían dejar de percibir las comunidades. En el eje Punta Brava–Las Bateas, unas 65 familias dependían de estas actividades. Sin embargo, el impacto alcanza a un universo mucho mayor de pobladores que tradicionalmente participaban en ambas cosechas. El problema no termina con la pérdida de una temporada productiva. Cuando las familias se ven obligadas a abandonar sus territorios y desplazarse hacia otras regiones del país o al estado Amazonas, pierden sus redes comunitarias, sus espacios de trabajo y sus fuentes tradicionales de alimentación e ingresos. Este desarraigo también incrementa su vulnerabilidad económica y social, exponiéndolas y haciéndolas más susceptibles a ser captadas paraactividades extractivas ilegales y a las dinámicas de economías controladas por grupos irregulares. Hay una dimensión humana, cultural y ambiental que no puede quedar fuera de esta denuncia: cuando una comunidad indígena abandona su territorio, no solamente pierde su vivienda; también pierde parte de su historia, sus prácticas productivas y su relación tradicional con el bosque. La violencia termina convirtiéndose así en un factor de destrucción de las economías locales, de desplazamiento indígena y de pérdida de formas de vida que durante generaciones han contribuido al aprovechamiento sustentable del patrimonio natural del sur del Orinoco. No se puede medir el impacto de la violencia únicamente en detonaciones, enfrentamientos o territorios bajo control de grupos armados. También hay que contabilizar las familias desplazadas, las cosechas perdidas, los ingresos destruidos y las culturas que están siendo empujadas a desaparecer. Defender el territorio también significa defender a sus habitantes, sus economías tradicionales y su derecho a permanecer en sus comunidades sin miedo. 📸 Semilla de Sarrapia