Hoy, 'El País' titula: "El rey emérito renuncia a recuperar los 65 millones [de euros o 100 millones de dólares] que donó a Corinna Larsen". Pero si los donó, ¿por qué quería recuperarlos a toda costa e incluso utilizó al entonces director del CNI para ello? Es evidente que intentar recuperar una donación irrevocable anulando el acta porque el donante considera suyo el dinero evidencia que el acto no fue una donación. Que Félix Sanz Roldán, entonces director del CNI, se reuniera con Corina en Londres, tanto si la amenazó y presionó para devolver el dinero a Juan Carlos como si no, demuestra la degeneración de las instituciones españolas. Y refuerza lo evidente: no fue una donación. La Fiscalía suiza encontró elementos de encubrimiento en las transferencias y relacionó el pago saudí y el contrato del AVE a La Meca. El caso fue archivado, oficialmente, porque no se pudo demostrar el origen. Sin embargo, los hechos son más que evidentes. Antes de la donación, Juan Carlos era el primer beneficiario de una cuenta de la fundación panameña Lucum en el banco suizo Mirabaud de esos 100 millones de dólares o 65 millones de euros. Habían sido enviados por el ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Ese país que despedazó a un periodista crítico o tortura y ejecuta a disidentes, ateos, homosexuales o adúlteras. El segundo beneficiario tras su muerte era Felipe VI. Es decir, el que se hubiera quedado con todo a su muerte. Cuando se hizo público, que no antes, dijo que renunciaba a la herencia. Los titulares de la fundación eran Arturo Fasana y Dante Canonica. El primero fue investigado en el caso Gürtel. Y absuelto, faltaría más. El segundo también quedó impune. Lo mejorcito, como siempre. La investigación, que demostró que Juan Carlos había cometido varios delitos fiscales e, incluso en el caso de que fuera cierto que hubiera sido un regalo, habría que añadir el delito de cohecho, se cerró por prescripciones y por una protección cuasimedieval existente en España: la inviolabilidad jurídica del rey. Tampoco se investigó el papel de Felipe VI en el caso, se aceptó sin más su versión: que no sabía nada. Es lo que suelen decir los corruptos: no sabía que era beneficiario de una cuenta de 65 millones de euros o 100 millones de dólares. Y ya está. Vamos, lo normal. ¿A quién no le ha pasado ser beneficiario de una cuenta de muchos millones de euros o dólares corruptos? Si fueran dos jefes de Estado de un mismo partido y España fuera una democracia real y avanzada,Juan Carlos estaría en prisión y Felipe, como mínimo, habría dimito por el escándalo. Aunque lo normal es que, tras la investigación, Felipe también hubiera pasado por la cárcel. Pero forman parte de una de las familias más corruptas y nefastas de la historia de España, restablecida por el cruel y genocida dictador Franco. Y, por eso, son inviolables jurídicamente: es decir, pueden cometer todos los delitos que les salgan de las narices, y quedar impunes. A pesar del escándalo, ni siquiera se ha eliminado esta protección de la Constitución, no sea que Felipe o Juan Carlos no puedan cometer los delitos que les plazcan. Y es que esto es España. Una gran farsa que hacen pasar por democracia. ***** En mi último libro, hablo de España, de su insoportable corrupción, de la complicidad de demasiados y de lo que he vivido durante los últimos años: 'España, cara B: farsa, corrupción y fraude' todostuslibros.com/libros/es…